Consulta popular 2024: el Gobierno explica la importancia de las preguntas

El pasado jueves 4 de enero, el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional las preguntas para realizar una consulta popular. Se espera que sea hasta finales de marzo de 2024. Sin embargo, en la última semana el régimen ha recibido fuertes críticas, que provienen de la academia hasta de la Asamblea Nacional, por considerar que el fondo de las preguntas sería poco útil en un referéndum.

Cuatro días después y frente a múltiples señalamientos, el Gobierno explicó la importancia de las 11 preguntas. Sobre todo, porque argumenta que la consulta popular permitiría agilizar varias reformas en seguridad, crimen y economía que, si bien ya existen en la normativa vigente, no funcionarían de la manera esperada.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 7 de enero, Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de Noboa, dijo que la consulta popular planteada por el Ejecutivo se dará en un contexto donde el mapa político del Ecuador sigue siendo el mismo que en 2021. Es decir, que las urgencias sociales no han cambiado, pero tampoco las crisis y pugnas políticas.

“Necesitamos acuerdos mínimos porque, de lo contrario, las obstrucciones en la justicia y en la Asamblea seguirán. Lo que busca la consulta popular son temas urgentes para todos: el combate a la delincuencia, aumentar las penas y la creación de empleo”, aseguró el secretario de Comunicación.

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Según Izurieta, el Ejecutivo recibió más de 100 solicitudes de preguntas para la consulta popular sobre diferentes enfoques. Pese a ello, “escogimos esas preguntas porque el Gobierno tiene clara cuál es su línea, por ahora concentrémonos en la seguridad”.

Paulina Araujo, jurista experta en Derecho Penal, asistió también al panel de Políticamente Correcto. Durante su intervención, alegó que al menos siete preguntas planteadas por el presidente ya constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aquello quitaría espacio fundamental para que otras preguntas sobre reforma política entren en el campo de juego.

“Es bueno que todas estas preguntas pasen por el filtro de la Corte Constitucional. No es que Ecuador tenga un problema de leyes de seguridad, el problema es la aplicación de la justicia”, exhortó Araujo.

Para la jurista, si no existe la voluntad de cambiar a la política y al sistema de justicia, las preguntas del Ejecutivo no darán un efecto inmediato en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. “¿De qué sirve que un militar o policía busque, investigue, encuentre y encarcele a un delincuente, si la justicia va y los libera enseguida?”.

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Luis Hernández, exministro de Defensa del gobierno de Guillermo Lasso y General en servicio pasivo, fue el tercer invitado del debate y respaldó la idea de Araujo. “La inseguridad seguirá siendo la misma en tanto no haya una reforma política”, expresó.

Sobre el rol del Ejército, Hernández señaló que la pregunta dos no debería pasar a la consulta popular. La razón: que el Ejército no estaría en las condiciones para darse abasto.

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"Si los militares se concentran en controlar todo lo que entra y sale de las cárceles perderían la agilidad para, por ejemplo, resguardar las fronteras, algo que siempre es urgente", dijo.

En respuesta a los dos analistas, Ricardo Izurieta recalcó que, si bien los militares deben resguardar la línea fronteriza, el Estado debe adaptarse a las amenazas actuales que ya están en las calles ecuatorianas.

"La amenaza que tiene Ecuador no solo proviene del extranjero, ya está adentro y lo contamina todo. El país y los militares deben adaptarse a esta realidad, debemos ser más duros y más rápidos en responder a la criminalidad", dijo el funcionario.

Izurieta aceptó que gran parte de las preguntas de Noboa hablan sobre leyes que ya existen desde 2022. “Pero la realidad es que no están funcionando y hay que reformarlas”.

El secretario de Comunicación reafirmo que en los siguientes días se entregará en la Corte Constitucional un nuevo banco de preguntas extra sobre temas diferentes a la seguridad. Además, descartó que vuelva a preguntar sobre la extradición porque sería muy complejo para un gobierno de año y medio.