La solicitud de más dinero para la Función Judicial es analizada en Quito

La audiencia en la que se analiza una acción de protección, que fue solicitada por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, para reclamar más recursos económicos para la Función Judicial, se desarrolla este lunes 10 de abril en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

A la diligencia, que comenzó alrededor de las 10:00, asistió Terán, pero en calidad de ciudadano y no como titular del CJ. De hecho, el funcionario había pedido licencia este día. Justamente este factor retrasó la audiencia ya que la defensa de la parte demandada (el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas y el procurador general del Estado) pedía que la persona que funja hoy como máximo representante de la Judicatura esté presente. Por esa razón, se llamó al director del organismo, David Guzmán.

Durante las primeras cuatro horas de audiencia la parte demandante expuso sus argumentos. Terán ha presentado en calidad de víctimas a varios magistrados y funcionarios de distintas provincias. Ellos respaldan la tesis del presidente de la Judicatura, quien espera que la Justicia declare al jefe de Estado, al ministro de Economía y al procurador como "vulnerador de los derechos" y obligue al Gobierno Nacional a desembolsar 265 millones de dólares a la Función Judicial.

Hasta las 14:00 no se había confirmado si este mismo lunes existirá una resolución o si la audiencia podía extenderse.

Previo a la diligencia de este lunes, Terán ofreció una entrevista en el programa Contacto Directo. En este espacio señaló que han existido medidas "regresivas" que han afectado los servicios ofrecidos por la Función Judicial.

Terán dijo que actualmente existen 358 partidas para jueces, pero la Judicatura no las puede cubrir por falta de presupuesto.

Aseguró que ha conversado con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para pedir más dinero para el sistema judicial, pero el mandatario -según Terán- le ha dicho que "ya va a ver".

El lunes pasado el presidente del Consejo de la Judicatura presentó una acción de protección contra el jefe de Estado para exigirle que asigne el presupuesto necesario para la Función Judicial.

Según Terán, la Función Judicial ecuatoriana sufre de un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares, de los cuales 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la Justicia, la repotenciación de la infraestructura física y la modernización del sistema notarial.

La acción de protección también se extendió contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.

Horas después de conocer sobre la demanda planteada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió a la Judicatura ejecute con "eficiencia" y "sentido de urgencia" los fondos asignados.

Según el MEF, el presupuesto asignado para la Judicatura es de 348 millones de dólares anuales, pero la mayoría es para "gasto en personal". Asimismo, señaló que este año el CJ solo ha ejecutado el 2 % de su presupuesto y que en 2022 solo puso en marcha el 47 % de su "Plan Anual de Inversiones".

El Gobierno Nacional "ha cumplido con la asignación puntual y oportuna de los recursos", dijo entonces el Ministerio en un comunicado.