La Judicatura no cuenta con espacio físico para los nuevos los juzgados de materia constitucional

La implementación de las judicaturas especializadas en materia constitucional es uno de los retos del Gobierno Nacional y el Consejo de la Judicatura (CJ) tras el triunfo del SÍ en la pregunta número 2 de la última consulta popular del pasado 21 de abril.

El objetivo es frenar el abuso de las garantías constitucionales, más cuando narcotraficantes, delincuentes comunes, servidores públicos, exfuncionarios públicos y políticos se han beneficiado de este tipo de trámites de forma desproporcionada.

Por ejemplo -según los constitucionalistas- el del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, en 2022, a quien le concedieron un habeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi por orden del juez Diego Moscoso de Manglaralto, provincia de Santa Elena. En ese tiempo, las críticas se generaron porque el juez no era competente para otorgar ese habeas corpus e igual lo hizo pese a los fuertes cuestionamientos.

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Y saltan otros nombres que se hicieron notorios ante la opinión pública como Banny Molina, Emerson Curipallo, Jhon Rodríguez, entre otros. Por eso, en 2023, la Fiscalía General difundió un comunicado en el que señalaba que durante la administración de Diana Salazar Méndez se emitieron 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura (CJ). Y que al menos 20 de esas denuncias corresponden a jueces.

Datos del CJ refieren que, desde 2018 hasta el 31 de enero de este año, los habeas corpus y acciones de protección son las acciones que más se han concedido y se han incrementado en más del 100 y 200%, respectivamente.

En 2018 se solicitaron 4 405 acciones de protección y en 2023 fueron 18 185. En lo respecta a los pedidos de habeas corpus, en 2018 hubo 905 y el año pasado se registraron 2017 (ver cuadro de abajo).

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¿Cuál es el reto ahora? En una entrevista con Ecuavisa.com, el presidente del CJ, Álvaro Román Márquez, manifestó que se mantiene diálogos con el Ministerio de Finanzas para definir el tema presupuestario: más de 13,8 millones. También falta infraestructura para las nuevas oficinas. "En el Complejo Judicial Norte (en Quito) ya no tengo espacio para ubicarlos. Hicimos un estudio y presentaremos un proyecto y ver elementos para ir mejorando".

Se requieren nuevos edificios, lo cual implica altas sumas de dinero. "Vamos a ver si los arrendamos y ver en lo que nos tendremos que poner de acuerdo con Finanzas". Al momento, todavía no se ha visto lugares para que funcionen las nuevas judicaturas en materia constitucional. Se espera si se puede hacer gestiones con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para ver si se dona, vende o lo que se pueda hacer.

"Se habla de USD 4 o 5 millones solo en tecnología, infraestructura, sillas y demás inmobiliario", explicó Román. Calcula que durará un año el proceso de implementación completa de los nuevos juzgados. Ese es el plazo para organizar.

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Se requerirá más de 250 personas. 90 serán jueces y el resto funcionarios de apoyo. Las nuevas oficinas podrían establecerse en distritos y que se organizarían en Unidades Judiciales y Salas de Cortes Provinciales. Se prevé que cada juez cuente con un equipo de apoyo para el despacho de las causas.