29 ago 2023 , 12:12

Consejo de la Judicatura: el Gobierno califica como "lamentables e ilegales" los últimos actos de la entidad

En un comunicado, la Presidencia también pide al país mantenerse vigilante de la actuación de la Judicatura, que no estaría a la altura de las necesidades locales de justicia.

Como "lamentables e ilegales" calificó el Gobierno Nacional los actos del Consejo de la Judicatura y de su actual presidente, Wilman Terán, que han sido el centro de la polémica en las últimas semanas.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseveró que la actuación de la entidad de justicia "lesiona gravemente la institucionalidad y la seguridad jurídica del país". Esto con respecto a los procesos penales que se sigue en contra de dos vocales por tráfico de influencias y la destitución del juez Walter Macías con dos votos a favor.

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A ello se suma el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia que retiró su confianza a Terán por estos mismos hechos y aseguró que "ya no nos representa". Además se pidió que los cinco vocales del "den un paso al costado".

Con esta postura coincide el pronunciamiento del Gobierno, que además menciona: "Resulta desconcertante que quienes están llamados a administrar la Función Judicial, de forma transparente y apegados a la Constitución, sean los primeros en vulnerarla y transgredirla".

El Gobierno retiró su respaldo a Xavier Muñoz en 2022

Xavier Muñoz ejerce actualmente como vocal delegado del Ejecutivo. Pero el presidente Guillermo Lasso le quitó su confianza en junio de 2022 al no sentirse representado por sus actuaciones.

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Muñoz fue propuesto por el Gobierno de Lenín Moreno "a última hora", resalta el comunicado.

Hoy, Terán y el vocal Muñoz están inmersos en una polémica por la destitución del juez nacional Walter Macías sin tener mayoría. En la sesión, se escucha al vocal en aparente estado de embriaguez, y su participación se hizo desde Miami.

Por estos hechos, el Gobierno insta al país mantenerse vigilante de la actuación de la Judicatura, que no estará a la altura de las necesidades de justicia que demanda el Ecuador

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