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La Comisión de Seguridad presume que en el gobierno de Correa se maquillaron cifras de muertes violentas
El informe aprobado también recomienda abrir investigaciones contra José Serrano y Galo Chiriboga. Además de reabrir el caso de David Romo.
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Una sesión de la Comisión de Seguridad el 20 de marzo de 2025. ( )
La Comisión de Seguridad, que es presidida por el oficialismo (ADN), aprobó la noche de este martes 25 de marzo un informe de fiscalización sobre la presunta manipulación en el registro de muertes violentas, desapariciones y trata de personas entre el 2008 y 2023, que incluye a los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El documento fue aprobado con los votos de la presidenta de mesa, Inés Alarcón (ADN), Diego Matovelle (ADN), Xavier Jurado (ADN), Rafael Dávila (Avanza) y Sandra Rueda (Construye). Los legisladores del correísmo y PSC votaron en contra o se abstuvieron.
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Dicho informe concluye, basándose en la investigación del politólogo Arduino Tomaso, que hubo 7 379 muertes violentas registradas como “intención no determinada” entre los años 2008 y 2018, las cuales no fueron contabilizadas en la categoría de homicidios.
"La mayor concentración de estos registros coincide con el período de gobierno del expresidente Rafael Correa, durante el cual las cifras oficiales mostraron una caída “histórica” en los homicidios. Esta baja se logró —según Tomasi— mediante una reclasificación irregular de crímenes violentos, desviándolos a categorías ambiguas como muertes de "intención no determinada", convalidada por el INEC, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado", se lee en el documento al que accedió Ecuavisa.com.
Informe pide investigar a José Serra y Galo Chiriboga
El informe aprobado exhorta a que Fiscalía abra procesos de oficio por presunta alteración de datos, omisión de funciones, encubrimiento y delitos de lesa humanidad. "Esta investigación debe incluir a exautoridades como José Serrano, Galo Chiriboga, entre otros exfuncionarios señalados", se indica.
También se recomienda reabrir casos emblemáticos archivados o judicializados irregularmente. Entre ellos, el caso David Romo, así como las desapariciones ocurridas entre 2008 y 2014 en el contexto de operaciones policiales o presunto encubrimiento estatal.
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