Caso Sobornos: bienes decomisados a Correa y otros 7 fueron inscritos como propiedad del Estado

La Procuraduría General de Estado (PGE) anunció este jueves 24 de febrero que se han inscrito en el Registro de la Propiedad de Guayaquil varios bienes que fueron decomisados a los sentenciados en el caso Sobornos.

La PGE informó de que, en el marco de la ejecución de la condena en este caso, comunicó a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se han inscrito legalmente a nombre del Estado ecuatoriano varios bienes de los encausados, incluido el expresidente Rafael Correa.

La medida también incluye bienes del que fuera secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y algunos exministros como Walter Solís, Vinicio Alvarado y Viviana Bonilla, así como altos colaboradores de su administración como Christian Viteri y los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga.

La Procuraduría remarcó que los bienes inscritos son ahora propiedad del Estado ecuatoriano, conforme consta en los certificados de gravámenes, tras la ejecución de la sentencia del caso Sobornos.

El organismo no dio detalles de estas propiedades.

Por otra parte, la institución indicó que ha pedido al tribunal de la causa que disponga el embargo inmediato de varios bienes muebles e inmuebles que logró identificar y ubicar en otros municipios del país y que han estado registrados a nombre de los condenados.

La PGE en su escrito, manifestó que "no cejará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo la eficacia de la administración de justicia".

En noviembre del año pasado, la Procuraduría ya anunció el embargo de cuentas bancarias de varios sentenciados, entre esas las de Correa y de quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas, en prisión desde 2017.

Este caso surgió tras una investigación periodística sobre una trama de financiación irregular del movimiento político de Correa, que el exmandatario la ha negado y que, más bien, considera parte de una supuesta persecución judicial y política en su contra por parte de grupos contrarios a su Gobierno.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso en este caso una condena de ocho años de cárcel a los autores y coautores, así como el pago de una indemnización global al Estado por 14,7 millones de dólares.