Caso Reconstrucción de Manabí | La Fiscalía pide que Jorge Glas sea llamado a juicio

La Fiscalía formalizó este viernes 14 de marzo su acusación por presunto peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y otras ocho personas en el caso Reconstrucción de Manabí.

Glas, que tiene pendiente todavía de cumplir una pena de ocho años por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 y 2020, respectivamente, se encuentra actualmente preso en La Roca, después de que el año pasado fuese detenido dentro de la Embajada de México en Quito.

Entre los otros ocho acusados por Fiscalía también está el exministro Walter Solís, quien actualmente tiene estatus de refugiado en México, y su sucesor en el cargo, Boris Córdova.

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De acuerdo a la Fiscalía, el dinero recaudado para las obras de reconstrucción en Manabí, tras un terremoto, se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez, lo que derivó en un supuesto "abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia".

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El terremoto ocurrió el 16 de abril de 2016, cuando un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Manabí y Esmeraldas, con un saldo de más de 670 muertos, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales.

Fruto de esa emergencia se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia.

Para este propósito, el Gobierno logró recaudar más de USD 1 600 millones a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que permitió destinar donaciones y un 2 % de impuesto al valor agregado (IVA).

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Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de USD 367 millones, pero, según la Fiscalía, "varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto".

"Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad", sostiene el Ministerio Público.

La audiencia fue suspendida para ser reanudada otro día con los alegatos de defensa, antes de que el juez resuelva si lleva el caso a juicio.

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