Caso Metástasis: policías, jueces y fiscales al servicio de Leandro Norero

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha revelado en la audiencia de formulación de cargos por el caso Metástasis toda una estructura criminal compuesta por altos funcionarios del Estado, jueces, fiscales, policías y abogados que estaban al servicio del narcotraficante Leandro Norero, conocido en el mundo criminal como 'El Patrón'.

La diligencia se lleva a cabo en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito. Se espera que el juez Felipe Córdova anuncie su decisión con respecto a los 31 detenidos. La titular de la FGE, Diana Salazar, solicitó prisión preventiva para todos los capturados, excepto para el exmagistrado de Guayas, Ronald Guerrero. Para él pidió arresto domiciliario por ser de la tercera edad.

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El caso Metástasis, que surge tras el asesinato en prisión de Norero, expone cómo el dinero del narcotráfico infiltró en el sistema judicial, carcelario y policial del país.

En la cima de la estructura está Norero, quien fue capturado en mayo de 2022 y murió en octubre de ese mismo año.

Tras su fallecimiento, en su celda, fueron encontrados varios celulares en los que había conversaciones con jueces, funcionarios judiciales, guías penitenciarios y policías. La FGE sustenta su caso en estas conversaciones. El caso se resume en cerca de 15 000 hojas.

Al capo del narco se lo identificó como un financista de organizaciones criminales. Se lo vinculó con las bandas Los Lobos, Chonekillers y Choneros y, además, tenía contacto con carteles mexicanos.

Según la FGE, Norero tenía dos operadores: Helive Angulo (alias Estimado) y el abogado Alexander Novillo (alias Novita).

El primero habría direccionado y planificado sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Manabí, Cotopaxi y Guayas. Además habría tramitado las coimas para servidores del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Todos los sobornos, de acuerdo a la FGE, tenían como fin justificar los activos de Norero.

El organismo menciona también que "Estimado" habría planificado el atentado contra la fiscal que llevaba el caso de Norero por lavado de activos.

Asimismo, coordinaba la compra de votos en la CNJ para intenta liberar al hermano de Norero, Israel, quien también era investigado por la Justicia.

Sobre Novillo, la Fiscalía afirma que era el "artífice principal" en la oferta, pago y negociación de los sobornos a cambio de beneficios judiciales para Norero.

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Dany Mendoza es un guía penitenciario que habría colaborado con Norero siendo la vía para introducir objetos prohibidos cuando el narco estaba preso.

Daniela Benítez, en cambio, es una funcionaria de la cárcel de Cotopaxi. Su cargo le habría permitido manejar información judicial de manera discrecional y en beneficio del brazo armado de Norero.

Lenín Mazón, Edinn Iza, Héctor Paredes, Christian Chauca, Ángel Lindao, Gabriel García (alias Doble Rueda) y Armando Ruiz Torres son los agentes de la Policía Nacional implicados en este caso.

El primero es un coronel de la institución. De acuerdo a Fiscalía, colaboró "de forma reiterada" con Norero. El hombre sería quien filtraba información y daba seguridad a la vivienda del narco.

Iza es un cabo segundo. La institución indica que su trabajo en la estructura "consistía en desarrollar actividades operativas a favor de la organización". Por ejemplo, simulaba operativos para salvaguardar los bienes que estaban dentro del inmueble de Norero.

Paredes y Chauca, en cambio, son agentes investigadores de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Llevaban el caso de Norero y habrían planificado la manipulación de elementos de convicción junto con alias Estimado.

Lindao, de su lado, trabaja en la Dinased. La FGE mencionó que él proporcionaba información reservada sobre operativos con el fin de que la organización criminal eluda el control de la fuerza pública.

García tenía acceso al teléfono incautado de Norero. Él impedía que sus colegas que llevaban la investigación contra el narco accedan a su celular.

Ruiz es un mayor de la Policía. "Habría prestado su colaboración al desvirtuar el delito de lavado de activos de la causa principal contra Norero y sus familiares".

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Jhon Camposano y María José Aguirre son agentes fiscales que laboran en la Unidad de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) en Guayaquil y Samborondón.

El primero se habría encargado de asesorar directamente a Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

La segunda habría beneficiado a Norero en la investigación en su contra por el delito de tráfico ilegal de armas. La mujer habría facilitado el cambio de tipo penal por el delito de tenencia ilegal de armas a cambio de benficios económicos.

Nueve jueces de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también están involucrados.

Entre los nombres destacan el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, pero está implicado en el caso por sus actuaciones cuando fue magistrado de la CNJ.

"Su rol de colaboración radicaba en la esfera de la planificación que el grupo criminal proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de un habeas corpus en favor del hermano de Leandro Norero", indicó la Fiscalía en sus redes sociales.

También destacan el exjuez Ronald Guerrero (alias Momia R), a quien la Fiscalía lo califica como "pieza clave". Guerrero llevó el caso contra Norero y sus familiares por lavado de activos. Las resoluciones de este magistrado beneficiaron a Norero y sus allegados. La institución señala que el jefe criminal ofrecía altas sumas de dinero a Guerrero.

La lista la completan los jueces de Guayas, Adolfo Gaibor, Jhoan Marfetan (alias Puma) y Glenda Ortega; de Cotopaxi, Santiago Zumba y José Luis Segovia; y de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo y Ángel Lindao.

Álex Palacios, Christian Sánchez (alias CR7), Mayra Salazar.

El primero fue subcoordinador jurídico de la CNJ y actualmente es director provincial del Consejo de la Judicatura en Chimborazo. Él habría asesorado a alias Estimado "sobre la compra de decisiones de los jueces que iban a conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Norero".

Sánchez fue secretario del exjuez Guerrero. "Habría estado a su cargo la coordinación y preparación de arraigos, conjuntamente con el abogado Novillo de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos contra Norero".

Y sobre Salazar, la Fiscalía indica que mantenía contacto directo con Norero. Ella fue asesora de la Función Judicial. "Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos, que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos", revela la investigación.

Los abogados Armando Flor, Kevin Prendes, Sofía García y César Acaro y el recadero de Norero, Braulio Mera (alias Rayo), están también acusados en este proceso.

Flor fue testaferro de Norero. Le brindaba asesoramiento tributario y empresarial, según la Fiscalía. Su labor, agrega el organismo, estaba destinada a cometer fraudes procesales para justificar los bienes incautados.

Prendes habría viabilizado la compra de la justicia.

García habría colaborado con Mayra Salazar. Su función en esta trama de corrupción era viabilizar la entrega de sobornos para Zumba y Segovia, quienes iban a conocer la acción de habeas corpus a favor de la hermana de Norero.

Acaro, de su lado, habría recibido el pago simultáneo destinado a los jueces Zumba y Segovia.

Mera era el encargado de gestionar la dinámica de entrega y recepción.

Ramírez fue titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Su participación en la trama es que, usando su cargo, habría facilitado favores penitenciarios administrativos a Norero.