Caso Metástasis | La Revolución Ciudadana va dos meses en crisis

El caso Metástasis, la última investigación de la fiscal Diana Salazar que trata de una estructura criminal para la compra de decisiones judiciales, ha salpicado a abogados, jueces, fiscales, funcionarios y políticos, entre ellos a algunos miembros del correísmo.

Ese es el último golpe a la organización política, luego de dos meses de crisis, que se inició con la pérdida en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas.

La excandidata Luisa González perdió el balotaje por la Presidencia. La diferencia, respecto a Daniel Noboa, fue de cuatro puntos. Un resultado similar al de 2021, cuando Guillermo Lasso le ganó a Andrés Arauz.

Según la analista política Camila Ulloa, esos resultados reflejan la dificultad que tiene la Revolución Ciudadana de crecer más allá de su militancia. Resalta que aunque el movimiento tiene gran relevancia en territorio y es quizá el que tiene bases más sólidas, no logran convencer del todo al electorado.

Esos resultados reflejaron un golpe para el correísmo. También porque fueron ellos quienes incitaban al expresidente Guillermo Lasso a que decrete la muerte cruzada, convencidos de que tendrían un resultado ganador.

Sin embargo, lograron más curules en la Asamblea Nacional, el único poder del Estado donde todavía tienen incidencia.

Conocidos los resultados, la asambleísta Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, no tardó en cuestionar el trabajo de la expresidenta de la Revolución Ciudadana (RC) y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

Dijo que los directivos del movimiento no deberían ser candidatos o autoridades electas, porque sus funciones ameritan un trabajo a tiempo completo. Criticó que en Guayas se haya perdido una curul.

Esas declaraciones desataron un ambiente de fuego cruzado entre ambas. Aguiñaga le respondió con un guiño. Y luego, Pierina Correa dijo que no puede responder si Aguiñaga se alejó de la RC, pero que "habrá señales".

A la crisis interna se sumó la separación del asambleísta Ferdinan Álvarez, quien era el coordinador temporal de la bancada, tras confirmar que tenía una relación con Soledad Padilla, exasistente de Jorge Glas.

Padilla denunció al exvicepresidente por supuesta violencia psicológica y acoso sexual, que ejerció desde que se enteró de su relación con Álvarez.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) estaba controlado por el correísmo, tanto en la Presidencia como en la mayoría. En las elecciones hicieron campaña política, utilizando la figura de Correa, aun cuando eso no era permitido.

Sin embargo, un movimiento en falso, con la intención de evaluar la designación de la Corte Constitucional y de la fiscal Diana Salazar, provocó la destitución del extitular Alembert Vera.

Eso reconfiguró por completo al Consejo de Participación Ciudadana porque ingresó Juan Esteban Guarderas, y Nicole Bonifaz asumió la Presidencia, lo que inclinó la balanza en contra del correísmo.

Los chats del narcotraficante Leandro Norero salpican a más de un militante del correísmo.

En conversaciones con Mayra S., funcionaria de la Corte de Justicia del Guayas, que ahora cumple prisión preventiva, se menciona a la alcaldesa de Simón Bolívar, Mayra Vargas, quien llegó a ese cargo respaldada por la Revolución Ciudadana.

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El diálogo apunta a que la alcaldesa habría transportado armas por orden de Norero. El chat es de 2022, cuando Vargas todavía no llegaba al Municipio, pero Norero y la funcionaria ya hablaban de "adiestrarla" cuando gane las elecciones.

La alcaldesa niega conocer a Norero, aunque la fiscal Salazar asegura que hay videos de ambos.

En las conversaciones también se hace referencia a Rafael Correa. Cuando Mayra S. le dice que va a viajar a una reunión con "RC", Norero, en son de broma, le dice: "le manda saludos al Mashi".

Leandro Norero era jefe de la pandilla Los Ñetas, quienes fueron parte del proceso de pacificación que impulsó el gobierno de Correa.

En los chats también se menciona a Ronny, relacionado con asuntos referentes a la Asamblea, por lo que se cree que Mayra S. se refiere al exasambleísta Aleaga.

"Ese Villa me tiene harto", asegura Norero. Ella responde que "según Ronny sí tenemos los votos".

Aleaga había presentado una queja ante el consejo de la administración legislativa contra Villavicencio, quien presidía la Comisión de Fiscalización, por agresión.

Además, entre los detenidos está el juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, quien también ordenó la liberación de Glas. La misma fiscal Salazar aseguró que el narcotraficante Leandro Norero pagó 250 000 dólares a operadores de justicia para que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y Daniel Salcedo, ambos sentenciados por casos de corrupción, sean liberados.

En una entrevista con Teleamazonas la Fiscal explicó que la delincuencia organizada busca "tener el control político y el control de las autoridades" a través de favores "para luego cobrárselos".

A lo anterior se suma que Glas permanece en la Embajada de México en Ecuador, en condición de huésped, a propósito de que la Fiscalía lo requería para diligencias investigativas, por el caso de la reconstrucción de Manabí.

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El correísmo logró concretar un acuerdo legislativo con el oficialismo y el Partido Social Cristiano, quien maneja la Presidencia de la Asamblea.

Ese pacto se deshizo al mocionar una resolución de respaldo a la fiscal Diana Salazar. La asambleísta correísta Paola Cabezas explica que no dieron sus votos porque considera que la funcionaria "fiscaliza a la carta y deja al olvido ciertos casos".

Sin embargo, se mantuvo en la votación de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo.

La prueba de fuego será el jueves 21 de diciembre, cuando el pleno deberá resolver si se da paso o no a un enjuiciamiento penal a Glas.