Carlos Pólit amenazaba con auditorías a Seguros Sucre para asegurar contratos para un tercero, según Fiscalía de EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos buscará incluir nuevas pruebas en contra del excontralor Carlos Polit durante el juicio que enfrentará el próximo 8 de abril por supuestamente usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero proveniente de sobornos.

La Fiscalía pedirá que en la diligencia se escuche el testimonio de Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre. Según la entidad, él contará que cuando llegó a su cargo suspendió contratos de Seguros Sucre con un empresario ecuatoriano. Pero al instante Pólit le inició varios procesos de auditoría. Sin embargo, Pólit le indicó que esas auditorías desaparecerían si seguía con los contratos.

A la final Riba accedió a esto, según los fiscales. Esto habría ocurrido entre 2010 y 2017, periodo en el que Pólit fue contralor. Cabe recordar que Ribas Domenech ya fue sentenciado en Estados Unidos en marzo de 2021 por lavado de activos y sobornos.

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Ahora bien, según los documentos, el empresario ecuatoriano que tenía contratos con Seguro Sucre era Diego Sánchez Silva, dueño de Global Reinsurance Broker Inc. Él también está llamado a declarar en el juicio.

Sánchez habría pagado USD 51 000 a Pólit para que le ayude a mantener contratos con Seguros Sucre.

Los pagos de sobornos se habrían realizado por intermedio del hijo de Pólit, asegura Ribas Domenech.

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El excontralor Pólit es procesado en Miami por su supuesta participación en una trama para usar el sistema financiero de EE.UU. como medio para lavar dinero y promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador.

Según los documentos en la corte, Pólit conspiró con otras personas para "ilícitamente enriquecerse con el lavado de sobornos que solicitó y recibió de otros conspiradores a través de cuentas bancarias en el sur de Florida, así como a través de la compra de bienes raíces y otros activos".

En Ecuador, Pólit fue juzgado y condenado en ausencia en 2018 a seis años de cárcel por el delito de concusión en la trama de sobornos de Odebrecht.

La justicia ecuatoriana le impuso seis años de cárcel y la entrega de USD 40,4 millones como reparación al Estado.

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