Bloque de CREO insiste en juicio político contra Jorge Glas; facción correísta de AP rechaza sentencia

Asambleístas del movimiento CREO manifestaron, en una rueda de prensa el 14 de diciembre de 2017, que el presidente de la 

República, Lenín Moreno, debe preparar la terna para sustituir a Jorge Glas en la Vicepresidencia. Glas fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Según legisladores del bloque opositor, existen cuatro caminos políticos para que Jorge Glas deje de ser Vicepresidente de la República. "Por renuncia, que hubiese sido lo mejor para el país para no pasar esta vergüenza; por la destitución del Contralor General del Estado con respecto a Glas; por el juicio político que esta tarde va a ser activado; o por el abandono del cargo", explicó Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Además, en la cita se insistió sobre el pedido de juicio político contra Glas, puesto que pasaron 170 días desde la primera solicitud y más de 45 días sobre la segunda solicitud. "Sistematicamente la mayoría de Alianza PAIS se ha negado a tener este debate", manifestó Fabricio Villamar.

Mientras que, el bloque correísta no se convence de la sentencia contra Glas, pues los legisladores dicen que en este caso no se ha respetado el debido proceso. Además, mantienen la convicción de que las pruebas no han demostrado que Glas se benefició de dineros ilícitos. 

Sin embargo, durante la mañana no estuvieron en la Asamblea tres integrantes del CAL: Viviana Bonilla (AP), Soledad Buendía (AP) y Verónica Arias (AP-ARE). Por tanto, el asambleísta Luis Fernando Torres dijo que si tampoco llegan a la reunión de la tarde, sí podrían darse los votos para dar paso al juicio. 

El CAL sesionará el 14 de diciembre para analizar la solicitud de juicio político a Glas, luego de la convocatoria que realizó el presidente de la Asamblea, José Serrano, tras conocerse la sentencia de la Corte Nacional de Justicia. Para que se inicie el juicio político la Asamblea también necesita un dictamen de la Corte Constitucional que avale el proceso.