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El BID sanciona a Jan Topic, Tomislav Topic y tres de sus empresas por corrupción
La familia Topic tiene una inhabilitación por 11 años para ser adjudicatarios de algún contrato financiado por el BID.
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Jan Topic en una rueda de prensa cuando era precandidato presidencial el 11 de noviembre de 2024. ( )
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó a Jan Topic, excandidato presidencial; a su padre, Tomislav Topic; y a tres empresas de su grupo, Cable Andino S.A. Corpandino, Telconet S.A. y Megadatos S.A., por haber participado en "prácticas de corrupción".
La sanción consiste en que estas empresas queden inhabilitadas, por 11 años, para ser adjudicatarias de algún contrato financiado por el BID o para participar en él.
"En el caso de un individuo inhabilitado, la inelegibilidad puede extenderse a cualquier empresa que el individuo inhabilitado controle directa o indirectamente", se indica en su portal web.
Se detalla una inhabilitación por corrupción para:
LEA: El cable submarino del internet ecuatoriano: operado por Telconet y rodeado de cuestionamientos
El informe de BID no detalla cuál es la práctica de corrupción en la que habrían incurrido Jan y Tomislav Topic, y las tres empresas señaladas, quienes hasta la publicación de esta nota aún no han reaccionado.
En el caso de Cable Andino S. A. Corpandino, el accionista mayoritario es Telconet, empresa de la familia Topic.
Cable Andino ya recibió otra sanción en Ecuador
El 19 de noviembre de 2024, la Arcotel declaró la extinción del título habilitante que permite a la compañía Cable Andino operar un cable submarino que provee internet y transmite datos en Ecuador.
Según la Arcotel, Cable Andino incurrió en algunas irregularidades como: "la ausencia de la garantía de fiel cumplimiento, seguro para todo riesgo, la ausencia de una viabilidad financiera para el inicio de su operación y la existencia de un examen especial con conclusiones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE)".
Por su parte, Telconet calificó esa decisión como "ilegítima e ilegal". Para la compañía, la resolución tiene "una clara connotación política" y pone en riesgo el servicio "de gran parte del internet de Ecuador al pedir que este sea eventualmente administrado por el Estado".
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