André Benavides, abogado constitucional, considera que la Corte Constitucional debió destituir a tres vocales más del Cpccs

En una sesión extraordinaria la noche del viernes 6 de octubre, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera como presidente y vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En ese fallo, también removió al coordinador general de asesoría jurídica, Ismael Merizalde.

En esa reunión se analizó el trabajo realizado por el Cpccs, ya que sus miembros habrían incumplido el dictamen interpretativo de la CC con el que se blindó las decisiones adoptadas por el Consejo Transitorio (Cpccs-T), liderado por Julio César Trujillo Vásquez.

Este seguimiento fue realizado porque los vocales activaron una revisión del concurso público de méritos y oposición que designó a Diana Salazar como fiscal general del Estado, y disponer la creación de una veeduría ciudadana para examinar las decisiones del Cpccs-T en la elección de los actuales jueces de la Corte.

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El Pleno de la Corte Constitucional tomó esa decisión con ocho votos afirmativos y un voto salvado del juez Enrique Herrería, quien señaló que los consejeros Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Yadira Saltos ameritaban ser destituidos porque incurrieron en comportamientos similares a Vera y Merizalde, quienes fueron sacados de sus cargos.

En esto coincide el abogado constitucionalista André Benavides, quien agrega que "hubiese sido importante que la Corte Constitucional también sancione y destituya" al juez Leiver Quimís, quien otorgó la acción de protección para conformar la veeduría ciudadana que tenía como fin examinar al Cpccs transitorio.

Benavides considera que la Corte Constitucional ha dejado en este caso abierta la posibilidad para que la fase de seguimiento pueda determinar la responsabilidad en contra de los otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Al ser consultado si cree que el máximo órgano constitucional "se quedó corta con este fallo", pues la mayoría de los vocales habrían incumplido el dictamen al querer revisar las decisiones del Cpccs transitorio, Benavides afirma que esta decisión genera un mal precedente.

"Es un dictamen retaceado porque en ese sentido solo se establece la responsabilidad del presidente del organismo y el coordinador jurídico", dijo.

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El abogado enfatiza que el objetivo de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana era "tumbarse a la Fiscal General del Estado y tumbarse a la Corte Constitucional". Indica que esas intención era evidente, porque esperaban reformar el reglamento de veedurías para que los informes que salgan de esas inspecciones sean vinculantes.

Benavides señala que en el fallo de la Corte Constitucional existe un hilo conductor que "claramente podrían evidenciar" que existen incumplimientos parte de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, siendo estos Alembert Vera, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Yadira Saltos.

"Varios de esos vocales o consejeros coadyuvaron a la toma de esas decisiones a partir de su votación para realizar estas audiencias", dijo en referencia a las revisiones que solicitaron sobre los concursos de designación del Consejo Transitorio para la fiscal general y los jueces del actual máximo órgano constitucional.

"Yo creo que la Corte Constitucional los debió haber destituido", apuntó Benavides, refiriéndose a Verduga, Verdezoto y Saltos, los consejeros que mantuvieron sus puestos, y que fueron apuntados por el juez constitucional Enrique Herrería que debían ser cesados.

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También señaló que antes de la audiencia que destituyó a Vera, los vocales eran bastantes incendiarios con sus declaraciones, pero quienes conservaron sus funciones, "van a estar más bien calladitos monocitos, sin tratar de hacer ningún tipo de actuación".