Asilo en Bélgica impediría a Correa hacer activismo político

La mañana de este 22 de abril de 2022 el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, firmó el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa, quien se encuentra domiciliado en el Reino de Bélgica. Minutos después, la defensa del exmandatario hizo pública la decisión de este país de conceder el asilo político.

Horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció “de fuente oficial” que se haya concretado esa petición.

Ante el escenario de un asilo político, el Estado ecuatoriano ya no tendría nada por hacer. Esteban Santos, abogado internacionalista y catedrático universitario, dice que las opciones para lograr que el expresidente Rafael Correa pague los ocho años de prisión por el Caso Sobornos era una difusión roja de Interpol, ​​​​​que ya fue negada, o un proceso de extradición.

Corte de Ecuador seguirá tramitando la extradición de Correa, a pesar del asilo dado por Bélgica

Este último es solicitado por la CNJ y tramitado por la Cancillería. Aplica cuando alguien ha cometido un delito calificado como común y que ya tiene una sentencia ejecutoriada. En ese caso, la posibilidad de decidir sobre la extraditación de una persona es competencia del país donde se encuentre y depende de su normativa jurídica, aunque Santos aclara que se deberían respetar los acuerdos internacionales.

Carlos Estarellas, profesor de Derecho Internacional, dice que aunque se conozca del asilo, la Cancillería debería realizar el procedimiento normal, aún sabiendo que la respuesta del gobierno belga sería negativa.

A criterio de Estarellas, un asilo político no aplicaría para Rafael Correa porque fue juzgado por cohecho, es decir un delito de corrupción que no demuestra una condición de vulnerabilidad. No habría razón para considerar que corre peligro en Ecuador, país donde se solicita su presencia.

El asilo político también tiene otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, dependiendo de las condiciones, Correa no podría pronunciarse respecto a asuntos políticos. Un ejemplo similar ocurrió en el caso de Julian Assange.

En 2018, el Ecuador dejó incomunicado al fundador de Wikileaks, que permanecía en la embajada ecuatoriana en Londres, por incumplir “el compromiso escrito que asumió con el Gobierno a finales de 2017, por el que se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados", de acuerdo a un comunicado del Gobierno de ese entonces.

El analista Estarellas dice que la prohibición de dar declaraciones políticas tiene su raíz en tratados de asilo.

Estarellas y Santos creen que también se le complicaría la movilidad al expresidente, a nivel de viajes internacionales. Incluso, sin la condición de asilado, Correa tenía que ser cuidadoso al momento de escoger su país de destino, porque ciertos lugares podían interpretar la sentencia ecuatoriana como suficiente para su extradición.

Ahora, si tuviera asilo, cabe la posibilidad de que el Reino de Bélgica le exija pedir permiso para salir de su territorio. En cualquier caso, fuera de él no tendría protección y su libertad dependería de las leyes del país al que se dirija.

La agencia EFE confirmó que fue el Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) quien le habría otorgado el estatus de refugiado. De acuerdo a esa oficina, el proceso constaría de cuatro pasos que incluyen la presentación de documentación y una entrevista personal, y concluyen con el otorgamiento de la protección.

A Estarellas le preocupa que la Embajada ecuatoriana en Bélgica, a cargo de Enrique Ponce, no haya conocido sobre el proceso de asilo. “El Ecuador podía intervenir en ese proceso de asilo”, indica el experto y dice que el Gobierno debía defender que Correa fue sentenciado por casos de delincuencia y que no se trata de un tema de persecusión política.

El asilo político ha sido una opción para algunas exautoridades, cuando se encuentran envueltos en procesos judiciales o escándalos políticos, aunque difieren del caso de Correa, porque él tenía una sentencia en firme.