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El PSC sufre otra baja: la asambleísta Elina Narváez se desafilia de la organización
El PSC asegura que la legisladora "sucumbió a los argumentos de un Gobierno desesperado".
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Elina Narváez es hermana del actual alcalde de Durán. Se titularizó como asambleísta luego de la renuncia de César Rohon. ( )
- Actualizado a las 15:45 con el pronunciamiento de la legisladora -
La asambleísta Elina Narváez, quien hasta ahora formaba parte del Partido Social Cristiano (PSC), decidió separarse de esa organización política, que la acusa de haber sucumbido "a los argumentos de un Gobierno desesperado y sin ética".
El mismo PSC confirmó este miércoles 3 de mayo que la legisladora ha solicitado su "desafiliación". Es la segunda baja que sufre el partido en medio del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.
El 21 de abril pasado, el parlamentario Javier Ortiz decidió separarse de la estructura política. En una carta dirigida al presidente del partido, Alfredo Serrano, el asambleísta expuso supuestas "amenazas" para tomar decisiones dentro de la organización.
En horas de la tarde Narváez expuso una carta dirigida al líder del PSC, Jaime Nebot. En ella lamenta que la bancada "se haya desviado de sus objetivos, mostrando una desorganización interna, falta de comunicación e incluso generando episodios de condicionamientos y presiones".
Previamente, en un video, la parlamentaria aseguraba que seguía perteneciendo al PSC y que no había hablado con alguien del Gobierno o de su partido para comunicarles alguna decisión.
Elina es hermana del actual alcalde de Durán, Dalton Narváez. Se titularizó como asambleísta por Guayas luego de la renuncia de César Rohon.
Tras las salidas de Ortiz y Narváez, el PSC cuenta ahora con 14 asambleístas.
Para el jefe de la bancada del PSC, Esteban Torres, la salida de Narvéz ocurrió en el momento oportuno y no durante la votación del juicio político.
Era de las asambleístas de las que teníamos dudas en este proceso. Enhorabuena que se dio antes del juicio. No queremos llegar al juicio a dar sorpresas.
El Gobierno de Lasso ha centrado sus esfuerzos en tratar de convencer a aquellos asambleístas más indecisos por la vía de demostrar que la acusación no tiene jurídicamente asidero alguno y que la responsabilidad del jefe de Estado en este caso es nula.
La barrera de los 92 votos necesarios para destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios del Legislativo, mantiene en ciernes al panorama político de Ecuador mientras el Ejecutivo trata, a la vez, de hacer frente a una crisis de seguridad desatada por la violencia del crimen organizado.
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