Este cuerpo legal busca darle independencia técnica al Banco Central del Ejecutivo.
El Ejecutivo anunció este jueves 25 de marzo que envió a la Asamblea Nacional, por tercera ocasión, el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, cuya aprobación está atada a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Parlamento tiene 30 días para tramitar este documento.
El Ministerio de Finanzas y Economía, en un comunicado, indicó que el proyecto legal remitido a la Asamblea fue revisado en unas "mesas técnicas" integradas por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de varias entidades de control.
El titular de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo confiar en que la revisión efectuada sobre el cuerpo legal permita "subsanar las preocupaciones" que tenía el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que rechazó en otras dos ocasiones su tratamiento por tener observaciones de forma y de carácter constitucional.
Pozo recordó que la competencia del CAL es "recibir y calificar el proyecto enviado, remitirlo a una comisión legislativa para su análisis y luego ser debatido por el pleno" de la Asamblea Nacional.
Los principales objetivos de esta normativa son: darle independencia técnica al Banco Central de la Función Ejecutiva, proteger y recuperar las reservas, conformar un directorio de la entidad bancaria y designar miembros para la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que no tengan relación con el gobierno de turno.
De la aprobación de este proyecto de ley depende un nuevo desembolso por 1.500 millones de dólares del FMI, previsto como parte del acuerdo financiero que mantiene con Ecuador.
Esta normativa ha sido criticado por varios especialistas y grupos políticos que cuestionan que el cuerpo legal intente devolver la independencia política, financiera y administrativa al Banco Central.
Los opositores han considerado que con esa normativa se podrían volver a generar desequilibrios en el sistema financiero.
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