14 mar 2024 , 12:55

La Asamblea Nacional tramita ley para prevenir y combatir el delito de lavado de activos

Se incorporan nuevas atribuciones a la unidad de análisis financiero e incorpora al control a jueces, fiscales, abogados, mando militar y policial, equipos de fútbol.

   

La Asamblea Nacional tramita una nueva ley de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos. Este jueves el pleno debatió el proyecto que tiene 88 artículos, dos disposiciones generales, cuatro transitorias y dos reformatorias.

La propuesta principal consiste en ampliar el control de las personas naturales y jurídicas no financieras, en casos de lavado de activos.

En una lista de 25 sectores fueron incluidos:

  • Construcción, inversión e intermediación inmobiliaria
  • Organizaciones políticas
  • Jueces y fiscales
  • Mando militar y policial
  • Directores de los centros penitenciarios
  • Gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos
  • Dignatarios de elección popular
  • Equipos de futbol profesional
  • Los primeros 15 días de cada mes deberán enviar el reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, las transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a 10 mil dólares.

    Quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, metales, piedras preciosas, por un monto superior a 10 mil dólares, deberá declarar en aduanas.

    La presidenta de la comisión de régimen económico, Nathaly Farinango, ponente de la ley, dijo que en el Ecuador anualmente se lavan USD 3 500 millones.

    Quote

    "Fortaleciendo esos dineros, la criminalidad en el país, eso no puede continuar; esta ley será una herramienta que golpeará al crimen organizado, a su financiación ilegal y al movimiento de grandes fortunas que son producto de varios delitos precedentes

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    En el proyecto se propone ampliar las competencias de la UAFE, con autonomía financiera, administrativa y alcance nacional.

    Se crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos, con 17 delegados de instituciones públicas, bajo la Coordinación del Ministerio de Economía.

    Las observaciones de los legisladores durante el debate serán analizadas por la comisión para el proyecto definitivo.

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