La Asamblea tratará el juicio político a Diana Salazar luego del proceso en contra de Mónica Palencia

El juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, se tratará después del proceso a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Así lo confirmó el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, un día después de que Salazar informara que está lista para enfrentar el proceso que lidera en su contra el correísmo.

"La Fiscal presentó un escrito indicando que está lista para el juicio político, ya que han cambiado las condiciones de riesgo de su embarazo", señaló Muñoz la mañana del 20 de agosto. A partir de ello, "lo que corresponde es que, cuando concluya el receso parlamentario, se convocará a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que resuelva sobre este pedido", agregó.

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Esto significa que el CAL decidirá si da paso al proceso de juicio a la Fiscal a inicios de septiembre, cuando termine la vacancia legislativa. Si resuelve a favor de continuar, la Comisión de Fiscalización deberá esperar a que concluya el juicio en contra de la Ministra Palencia.

Según el cronograma, este se encuentra en la tercera etapa, la de presentación de pruebas, que debe cumplirse en un plazo de 15 días. Le seguirá la audiencia, que tiene hasta 10 días para desarrollarse y después de ello se realizará el informe que recomiende o no su enjuiciamiento, en los próximos cinco días. Podrá prorrogarse por el mismo lapso.

El proceso se suspendió debido a una solicitud de Salazar, el 16 de mayo, en la que pidió a la Asamblea que el juicio político se suspenda momentáneamente porque enfrentaba un embarazo de alto riesgo y no quería tener estrés.

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Previamente, el correísmo impulsó dos solicitudes; una viene de Gisella Garzón y otra de Héctor Valladarez.

Garzón la acusa de incumplimiento de funciones por supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; falta de vacunados VIP durante la pandemia; retrasos en casos como INA Papers o León de Troya; y falta de acción por los asesinatos de fiscales.

Mientras que Valladarez la señala de supuesto "encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos"; inacción en el caso Capaco; e incluso por supuestas conversaciones con el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga.