De acuerdo a la ley, son los primeros que debería procesar la nueva Comisión de Fiscalización, que esta tarde fue convocada para ese fin.
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El primer juicio político pendiente es contra los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. El proceso fue presentado por los entonces legisladores de Pachakutik, Mario Ruiz y Joel Abad.
Acusaron a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los otros cuatro consejeros de no permitir en 2021 la apertura de urnas, generando un supuesto perjuicio a Yaku Pérez. El juicio no pudo continuar por estar prohibido juzgar a los miembros del Consejo en periodo de elecciones.
Segundo juicio
El segundo juicio es contra los exministros del Interior, Patricio Carrillo, de la Mujer, Paola Flores y el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Lo presentaron Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas de Pachakutik y los acusaron de supuestas omisiones en tres temas: el femicidio de María Belén Bernal, las masacres en las cárceles del país y la acción policial en las protestas de junio de 2022.
Los interpelantes renunciaron y se retiraron también firmas de respaldo. A pesar de esto, se inició el trámite, pero fue suspendido porque se inició el juicio político al expresidente Lasso. Llegó luego la muerte cruzada.
Tercer y cuarto juicio
El tercer proceso es contra el exministro de Obras Públicas, Darío Herrera. Fue presentado por el exlegislador social cristiano Jorge Abedrabbo. Lo acusó de incumplimiento de funciones por el mal estado de las vías del país.
Herrera tiene otro juicio, es el cuarto de la serie, y fue presentado por el ex asambleísta de Pachakutik José Chimbo, también por la situación vial.
Quinto juicio
En el quinto proceso de fiscalización, Mario Ruiz acusó al exministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, por supuestamente retirar el bono de desarrollo humano a más de 1 200 personas sin darles una explicación.
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Sexto juicio
Y el último juicio, el sexto, fue presentado por el exlegislador Xavier Santos y el exsocialcristiano Luis Almeida contra el vocal de la Judicatura Juan José Morillo por los audios filtrados en los que, según los dos exlegisladores, se intenta influir en el dictamen de un juez en torno a un caso de Guadalupe Llori.
El proceso también va contra el entonces presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, bajo la acusación de no haber ejercido ninguna acción legal sobre esa denuncia.
De los proponentes de juicio la única reelecta fue Sofía Sánchez, pero ella renunció a ser interpelante.
En los otros cinco casos los acusadores ya no son legisladores. Según el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se podría designar nuevos interpelantes.
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