Los juzgados especializados en violencia contra la mujer se crearán tras aprobación de reformas al Código de la Función Judicial

Con 92 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Estas modifican aspectos como las reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de acciones, entre otros.

Uno de los puntos más importantes, según destacó el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, es la creación de los juzgados especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Estos permitirán combatir estos delitos "y que no queden en la impunidad", aseguró.

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La normativa también aborda las facultades y deberes de las juezas y jueces, las competencias de las Salas de las Cortes Provinciales, las competencias de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial.

Se trata de un cambio fundamental, según Jessica Jaramillo, representante Fundación contra la Violencia, debido a que "los operadores de justicia deben abordar los casos de violencia sexual con sensibilidad de género".

La nueva Ley modifica 25 artículos y es el resultado del análisis de cuatro iniciativas, en 10 sesiones y aportes de varias instituciones.

María José Gutiérrez, del Instituto Igualdad de Género y Derecho, indicó que entre el 2017 y 2024 se registran 725 femicidios en Ecuador. Además, existen cerca de 3 000 niñas que actualmente son madres, producto de una violación.

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A ello se suman las 220 000 denuncias presentadas por violencia física, psicológica y sexual en los últimos cuatro años, según dijo la legisladora Viviana Veloz durante el debate. Agregó que, desde el 2018 hasta el 2023, han existido más de 52 000 denuncias de violencia sexual.

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A su criterio, la creación de los juzgados especializados en este tipo de violencia conlleva más celeridad en los procesos, mejor atención a las víctimas, especialización de los fiscales, coordinación interinstitucional y prevención de la violencia sexual.