Asamblea, ante el desafío de reglamentar el aborto por violación

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional espera tener listo hasta finales de enero de 2022 el informe para segundo debate del proyecto denominado Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.

Este jueves 9 de diciembre, tras más de 10 horas, concluyó en el Pleno del Parlamento el primer debate sobre este documento, sin embargo tras esta discusión lo evidente fue las posiciones divididas incluso dentro de los bloques legislativos.

Con las observaciones realizadas durante el primer debate, Justicia deberá elaborar el segundo informe, un desafío que afrontan los integrantes de esta mesa legislativa.

El eje del debate se centra en tres puntos: los requisitos para acceder al procedimiento, el tiempo de gestación permitido para que una mujer pueda abortar y la objeción de conciencia de los médicos.

Sobre el primer aspecto se discute si debe existir una denuncia ante la Fiscalía para que una mujer o niña violada pueda interrumpir su embarazo.

Con respecto al segundo tema, según un comunicado de la Asamblea, se ha aclarado que no se permitirá abortar en etapas avanzadas, no obstante, se analiza la situación de niñas menores de 14 años que no tienen conciencia de estar embarazadas.

Según la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera, las niñas se dan cuenta de que están embarazadas después de la semana 17 o 18, "cuando ya tienen físicamente una panza".

Y sobre el tercer tema se debate si un médico puede negarse a cumplir un procedimiento quirúrgico de este tipo.

La Comisión de Justicia está integrada por los asambleístas Alejandro Jaramillo (ID), Maribel Farinango (PK), Sofía Espín (UNES), José Agualsaca (UNES), Johanna Moreira (ID), Fausto Jarrín (UNES), Jhajaira Urresta (UNES), Dalton Bacigalupo (ID), José Chimbo (PK) y Ricardo Vanegas (PK).

- El camino a la despenalización -

Para el legislador del BAN, Juan Fernando Flores, la discusión se centra en la forma mas no en el fondo, ya que la Asamblea debe cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional (CC), que el pasado 28 de abril despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual.

El actual proyecto de ley fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la CC, que dispuso a esa institución preparar el documento.

Antes del 28 de abril el Código Orgánico Integral Penal (COIP) solo permitía el aborto en casos de mujeres con discapacidad mental que habían sido violadas.

En su sentencia, la CC señaló que el embarazo forzado, la penalización del delito de aborto por violación y la negativa de brindar asistencia a las niñas, adolescentes y mujeres en esta condición "vulneran sus derechos y pueden constituir una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante".

En Ecuador, el aborto consentido -es decir, que cualquier mujer pueda interrumpir el embarazo por decisión propia, sin causa alguna- continúa penado.