Aquiles Álvarez reclama al Gobierno el pago de USD 80 millones y advierte posible paralización de servicios

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exigió al Gobierno Nacional el pago de casi USD 80 millones que, según él, le adeudan a la ciudad. El funcionario acusó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de retener los recursos bajo el argumento de que "creen que ciertos municipios y prefecturas financian la campaña de Luisa González".

Durante su enlace radial semanal de este miércoles 19 de marzo, Álvarez advirtió que la falta de desembolsos podría afectar la continuidad de varios servicios en la ciudad. "Hoy ya no quieren pagarnos ni con papeles", señaló, en referencia a los bonos del Estado que se han utilizado en ocasiones anteriores para cubrir deudas con los gobiernos locales.

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Añadió que proveedores y contratistas "quieren pararse". Mencionó, por ejemplo, que las empresas de seguridad de las estaciones de la Metrovía han reclamado sus haberes y avisado que podrían suspender sus labores.

"Es falta de voluntad (...). ¡Odian a Guayaquil!", dijo el alcalde, quien además aseguró que funcionarios del MEF "no contestan el teléfono".

"Nos atacan pensando que así desgastan a la candidata Luisa González", subrayó el alcalde.

El presidente de la República, Daniel Noboa, y Álvarez mantienen un enconado enfrentamiento desde al año pasado con el inicio del caso Triple A, aunque el distanciamiento se marcó desde el comienzo de la Administración de Noboa, a finales de 2023. La pugna entre ambos funcionarios ha derivado en una serie de intervenciones y clausuras por parte del Municipio de Guayaquil e instituciones estatales.

El caso Triple A inició tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentada en julio pasado ante la FGE. El organismo argumentó un presunto comercio irregular de combustibles a través de empresas y gasolineras donde el alcalde tiene acciones, entre esas Copedesa.

Uno de los argumentos de la Fiscalía es que estas compañías adquirían diésel subsidiado para revenderlo a otros segmentos, no solo el automotriz.

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Actualmente, hay cinco personas y cinco empresas procesadas en el caso, pero la FGE quiere vincular a 10 personas más, entre ellas el alcalde Álvarez, quien ha calificado este caso como una persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa.