Apagones Ecuador | los proyectos de generación eléctrica privada empezarían recién a mediados de 2025

La Constitución de Montecristi, en 2008, determinó que sectores estratégicos como el petróleo, la minería, la electricidad, la gestión del agua, las telecomunicaciones y otros, fueran actividades de decisión y control exclusivo del Estado. Hoy, 16 años más tarde, Ecuador ha vuelto a los apagones, con cortes de luz de hasta 14 horas que superan la crisis eléctrica de los años 90.

En el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO del 27 de octubre, analistas señalaron que, ante las serias deficiencias del sector público, es el sector privado el que debería asumir el control de la generación eléctrica. Sin embargo, anticipan que el cambio debe acompañarse con reformas legales que garanticen estabilidad jurídica a las empresas.

Francisco Rivadeneira, exministro de la Producción, comentó durante el debate que la solución a la crisis de apagones debe pasar fundamentalmente por el apoyo del sector privado: "Hoy, el Estado simplemente no puede hacerse cargo... Si fuera una empresa, hace rato que habría quebrado. Hay que delegar esa capacidad al sector privado".

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En ese sentido, Rivadeneira señaló que el pilar fundamental para apostar por la generación privada es que la Asamblea Nacional apruebe, de forma urgente, la segunda ley energética enviada en septiembre pasado por el Ejecutivo.

El problema, dice el panelista, es que como la ley se aprobaría, apenas en noviembre, los proyectos de generación apenas iniciarían adentrado el 2025. "Aunque es un gran apoyo, es muy difícil que haya nueva energía privada en diciembre, lo más probable es que se incorporen a en los primeros meses o ya adentrado el siguiente año".

Semanas antes, en este espacio el ingeniero eléctrico Gabriel Salazar y la dirigente empresarial, María Fernanda León, también advirtieron que la generación eléctrica privada no llegará los meces de febrero o marzo del siguiente año.

Gabriela Calderón, analista política, coincidió en que la gestión eléctrica debe ser privada. La panelista destacó que incluso países socialdemócratas, como Suecia o Dinamarca, ya utilizan empresas privadas para generar electricidad.

"Años antes, Guayaquil también tuvo un suministro eléctrico estable y era privado, pero las dictaduras militares la removieron... Si esta vez el Estado no tiene recursos para generar energía, debe incentivar de nuevo al sector privado", dijo.

Calderón mencionó que, aunque la Constitución de 2008 otorgó el completo control del sector energético al Estado, la falta de inversión privada se arrastra desde 1976, cuando varias leyes desincentivaron esta participación.

Al contrario, Aquiles Hervas, economista y académico de la Universidad Salesiana, sostiene que la privatización total de la electricidad no es la solución a los apagones. Por ende, Hervas propone un modelo de alianzas público-privadas que trabajen en una estrategia energética a largo plazo.

"No nos dejemos llevar por ideologías extremas entre lo público y lo privado, hay que integrarlos. El Estado debe convocar un modelo mixto y colaborativo", afirmó.

Ante la moción de una posible reforma a la Constitución de 2008 para mejorar la calidad eléctrica en el país, Hervas aseguró que tampoco sería una medida urgente. "Las soluciones parche a la Constituyente, como estamos acostumbrados a hacerlo" no mejorarán la calidad energética", añadió.

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Gabriela Calderón subrayó que el Estado, por sí solo, no podrá resolver la crisis energética. Por ello, recomienda que se inicien con procesos de concesión del sector eléctrico, para permitir que la empresa privada gestione la distribución y transmisión cuanto antes.

"Tomará su tiempo, pero esa es la solución. Hasta entonces, el país debe priorizar la importación de energía para cubrir el déficit de luz a nivel nacional", sostuvo.

Por su parte, Aquiles Hervas propone que el sector público y el privado generen un gran acuerdo nacional que permita el desarrollo conjunto del sector energético "al menos hasta 2030". No obstante, señaló que la Constitución actual no contempla un modelo de alianzas a largo plazo, lo que podría requerir modificaciones para hacer frente a la crisis.

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