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El organismo realizó el análisis de algunas administraciones municipales entre los años 2011 y 2020 e identificó que no cumplen con las normas ambientales.
El cumplimiento de las normas ambientales se ha convertido en un problema para los Municipios del país. Así lo determinó la Contraloria que, tras realizar 28 examenes especiales en nueve años, entre el 2011 y 2020, y concluyó que en el 35% de los casos las Alcaldías no cumplen con las normas ambientales.
Los principales problemas están en el sistema de manejo de desechos sólidos y recolección y disposición de residuos.
Un denominador común es el mal manejo de botaderos, rellenos sanitarios y escombreras que son construidos sin permisos y licencias ambientales, o ampliaciones hechas por fuera de las zonas autorizadas y sin parámetros técnicos.
En Quito por ejemplo, el 70% de los terrenos de su relleno sanitario no son de propiedad del cabildo.
Entre los observados están municipios como el de Quito o el de Ambato y una variedad de otros cabildos de todos los tamaños como Puyo, o Rumiñahui, Atacames, Archidona, Quinindé, entre otros.
Tras las auditorías y para evitar sanciones, hay cabildos que le dieron prioridad al tema y avanzan con infraestructura para mejorar las condiciones.
Entre las 12 observaciones está la falta de políticas, auditorías, seguimiento de proyectos, planes ambientales e incluso problemas más concretos como la falta de mantenimiento de vehículos de recolección que no cumplen las normas ambientales.
En la capital, por ejemplo, el problema es estructural con EMASEO y EMGIRS, empresas que hace cinco años debían fusionarse.
Además de los problemas ambientales, la Contraloría determinó que los contratos alrededor del manejo de la basura también están salpicados de corrupción.
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