19 jul 2024 , 20:14

La Asamblea devuelve el veto a Noboa e insiste en la publicación de la Ley Reformatoria al IESS

En un oficio de cinco hojas, remitido a la Presidencia de la República, la Secretaría General del Legislativo detalló los fundamentos jurídicos y constitucionales que respaldan su pedido y detallan el procedimiento establecido en la ley.

   

La Asamblea Nacional reiteró que el presidente Daniel Noboa cometió una acción inconstitucional al vetar, nuevamente, la Ley Reformatoria a las Leyes del IESS y el Biess, a pesar de que se trataba del texto final, aprobado por el Pleno. Por eso, devolvió el documento al Mandatario, con la consigna de que la sancione y envíe para su publicación en el Registro Oficial.

En un oficio de cinco hojas, remitido a la Presidencia de la República, la Secretaría General del Legislativo detalló los fundamentos jurídicos y constitucionales que respaldan su pedido y detallan el procedimiento establecido en la ley.

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En el documento compartido en la cuenta X del secretario, Alejandro Muñoz, se reseña que el proyecto ya fue vetado parcialmente por inconstitucionalidad por el Presidente de la República, el 12 de abril de 2024. El 21 de mayo de 2024, la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea Nacional para su tratamiento con un plazo de 30 días.

El 21 de junio de 2024, el Legislativo remitió al Ejecutivo el texto final del proyecto para su sanción; es decir, para su publicación en el Registro Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 139 y 147, numeral 12 de la Constitución de la República, e inesperadamente se respondió con una nueva objeción.

El Gobierno habla de un riesgo a las finanzas públicas por la ley

La tarde del 19 de julio, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia explicó que el nuevo texto de la Ley Reformatoria a las Leyes del IESS y BIESS incurrió en una "nueva inconstitucionalidad en el artículo 7".

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Según el Gobierno, su publicación "daría paso a la expedición de una ley que atenta contra el derecho a la seguridad jurídica y que genera un riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas".

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