La institucionalidad del país depende de los fallos del TCE, cuya presidencia se mantiene en disputa

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el organismo de última y definitiva instancia de administración de justicia electoral y en sus manos se encuentran algunos casos relevantes.

Por ejemplo, la denuncia que presentó el consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, contra la vicepresidenta Verónica Abad. Esto, por una presunta campaña electoral anticipada en las elecciones seccionales de 2023, cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca.

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Abad podría ser inhabilitada políticamente y, por ende, no podría ejercer la dignidad para la que fue electa. En otras palabras, en manos del Contencioso Electoral está la Vicepresidencia de la República.

Este tribunal también conoce dos denuncias contra el presidente Daniel Noboa; la primera, presentada por Andrés Pasquel, por una presunta infracción electoral de campaña anticipada para la consulta popular de abril del 2024. La segunda, interpuesta por Verónica Abad contra Noboa y otros funcionarios de su gobierno, a quienes acusa de violencia política de género.

Si se determina la culpabilidad de los acusados, la sanción es destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta por cuatro años. Entonces, en manos del Tribunal Contencioso Electoral también está la Presidencia de la República.

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Otras denuncias que conoce este organismo tienen relación con los consejeros de Participación Ciudadana; dos, contra los consejeros de la denominada Liga Azul: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga, principales y suplentes, a quienes acusan por recibir respaldo de Revolución Ciudadana, cuando está expresamente prohibida la intervención de organizaciones políticas.

Pero también tramitan la denuncia que se presentó contra otros consejeros: Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán, principales y suplente, acusándolos también de recibir respaldo político, pero del Partido Social Cristiano. La sanción, si se determina la infracción, es la destitución.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el que designa a todas las autoridades de control, también está en manos del TCE

En conclusión: de los fallos de ese organismo asaltado depende el futuro de la institucionalidad del país.