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Se trata de una investigación por presunto peculado cometido en la concesión del Puerto de Manta, Manabí, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
El expresidente Rafael Correa y quien ocupó el cargo de ministro de Transporte y Obras públicas y fue además uno de sus funcionarios más cercanos, Walter Solís; ahora serán procesados por peculado.
El caso es investigado en Manabí por el proceso de delegación y concesión de la administración del Puerto de Manta, a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A., Agunsa.
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Como Correa y Solís mantienen fuero de corte nacional, la causa pasará a manos de la fiscal general, Diana Salazar, quien continuará con el proceso acusatorio.
Según consta en un informe de fiscalización que forma parte del expediente y que fue presentado por la asambleísta Adriana García del movimiento Gente Buena; la concesión generó un perjuicio de USD 23 millones al Estado.
El informe concluye que la Autoridad Portuaria de Manta, desde la delegación del puerto en el 2016, ha presentando déficits recurrentes.
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Incluye cifras que evidencian que los ingresos generados por la operación del 20 % de la infraestructura gestionada directamente por la Autoridad, son superiores a los que se obtienen por el 80 % de la infraestructura concesionada.
Aunque, en una carta enviada a Ecuavisa, la Terminal Portuaria de Manta asegura que "no existe indicio real alguno de irregularidades en la delegación y mucho menos perjuicio alguno al Estado ecuatoriano, pues luego de más de USD 60 millones de inversión extranjera en el Puerto de Manta ha visto como un puerto abandonado por décadas se ha reactivado".
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El expediente incluye además los resultados de una indagación previa por tráfico de influencias y de otra por peculado, que la Fiscalía llevó a cabo, y dos informes de la Contraloría, uno incluso con indicios de responsabilidad penal en contra de Solís, por tener conocimiento de la concesión, y de Correa por autorizar la delegación.
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