13 jul 2024 , 06:16

La Contraloría analizará de manera preliminar los contratos colectivos de CNT, CNEL, Petroecuador y Celec

El subcontralor general Carlos Sánchez ordenó a direcciones de auditoría que incluyan el análisis de los aspectos señalados por el Ministerio de Trabajo en las verificaciones de contratos colectivos de cuatro empresas públicas.

   

La Contraloría General del Estado respondió a los oficios enviados por Ivonne Nuñez, ministra de Trabajo, en los que se solicitó que se hagan exámenes especiales a los contratos colectivos de las empresas públicas CNT, CNEL, Petroecuador y Celec.

El subcontralor general Carlos Sánchez indicó que se realizarán verificaciones preliminares a esos documentos.

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En esas diligencias, dispuso a las Direcciones Nacionales de Auditoría de Recursos Naturales y Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos, que incluyan el análisis de los aspectos señalados en los oficios enviados por el Ministerio de Trabajo:

  • Primer contrato colectivo de trabajo entre CNEL y el Comité de Empresa de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021.
  • Primer contrato colectivo de trabajo entre la estatal petrolera Petroecuador y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetrapep), firmado el 15 de noviembre de 2017.
  • Tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre CNT y el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023.
  • Segundo contrato colectivo entre Celec y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetracelec), celebrado el 10 de enero de 2018.
  • Desde hace meses el Ministerio del Trabajo indaga bajo qué parámetros se aprobaron estos contratos colectivos, que han representado una fuga de recursos para el Estado, pues los empleados han gozado de sueldos más altos que el presidente de la República o de beneficios poco comunes en el sector público.

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    El pasado 11 de junio, el Ministerio del Trabajo expidió un reglamento de contratos colectivos y actas transaccionales para los sectores público y privado. Su finalidad es determinar si los contratos contaron con el dictamen obligatorio y vinculante por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

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