A 10 días del cierre del Bloque ITT, el Ejecutivo intenta blindarse con un informe para no incurrir en el incumplimiento

Luego de la consulta popular del 20 de agosto del 2023 en la que un 59 % de electores resolvió que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra con el posterior retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo, en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales que se publicaron el 31 de agosto de 2023, quedan menos de nueve días para que se cumpla el plazo.

Pero el Gobierno de Daniel Noboa no cerrará el bloque petrolero en el Parque Nacional Yasuní en un año, como fue dispuesto por la ciudadanía. La Función Ejecutiva entregó a la Corte Constitucional su propuesta, que consta en un documento de 304 páginas, y analiza tres escenarios.

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El primero es el abandono inmediato del ITT, también conocido como bloque petrolero ITT, pero quedó descartado en el informe. El segundo escenario es la declinación natural de producción del campo, que demoraría 13 años.

El tercero, que considera viable, es el cierre de pozos durante cinco años y cinco meses, es decir, hasta noviembre del 2029.

En ese escenario, el informe establece que el Ecuador dejará de percibir USD 2 460 millones y el costo del cierre será de USD 1 345 millones. Pero, por esta vía, el Estado se asegurará ingresos de USD 1 120 millones en los cinco años en los que habrá producción petrolera en el Yasuní.

Sin embargo, para el constitucionalista André Benavides existen varios defectos desde el momento en que se configuró la pregunta de la consulta popular "y que iba a tener sus efectos colaterales".

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Benavides agrega que el término o plazo no estaba en la propuesta inicial y la Corte Constitucional lo metió en el dictamen. "Porque si bien es cierto, existe un mandato popular, pero técnica, logística y económicamente la situación parecería que no es tan sencilla".

El constitucionalista resalta lo dicho por el Gobierno en su informe donde especifica que hay que cerrar alrededor de 246 pozos y cada pozo lleva al menos una ejecución de entre cinco a 14 días, "entonces no van a alcanzar a hacerlo dentro de un año y prácticamente vemos que no se va a cumplir con este plazo que había dispuesto la Corte Constitucional en su dictamen.

Sin embargo, el 23 de mayo del 2023, dice André Benavides, en un auto de aclaración, la Corte Constitucional dice que ese término de un año sería para efectos de la suspensión de la explotación de los recursos petroleros. "Una cosa es suspender la actividad petrolera y otra cosa muy distinta es prácticamente desmantelar toda la infraestructura que existe ahí.

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Ante la pregunta de qué pasaría si es que mañana el Gobierno, ministerios y las empresas correspondientes no cumplen con ese dictamen, Benavides explica que la Corte Constitucional tiene amplias facultades de sancionar aquellos funcionarios públicos omisos que podrían tener incluso como sanción la destitución.

Por ello, el constitucionalista cree que por eso el Ejecutivo "con este voluminoso informe que ha entregado lo que pretende es justamente no incurrir en el incumplimiento".

La Corte Constitucional a través de la fundamentación de la demora, más todo lo que tiene que ver con la ejecución de la consulta popular tendría que reconocer que existen situaciones que por limitaciones fácticas o legales no se pueden cumplir, dijo André Benavides.

Mire la entrevista completa a continuación: