Perjudicados por OGC realizan plantón; Cancillería se pronuncia

Un grupo de afectados por la empresa OGC Paquetería, con sede en España, realiza la mañana de este 11 de marzo de 2016 un plantón en los exteriores de la Fiscalía del Guayas, en busca de una respuesta a sus denuncias sobre los paquetes pendientes de entrega por parte de la compañía, tras su sorpresivo cierre este lunes.

 

Las autoridades de Ecuador rechazaron "enérgicamente las acciones" de la empresa. En un comunicado, difundido este viernes, la Cancillería dice: "Ante el hecho denunciado por los ciudadanos afectados por la empresa española OGC Paquetería, rechaza enérgicamente las acciones de este tipo de empresas que se aprovechan de la necesidad de los migrantes".

 

 

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La compañía, creada en España y con oficinas en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Bruselas (Bélgica), cerró repentinamente este semana, con paquetes de cientos de ecuatorianos sin entregar y sin saber dónde se encuentran, y sus responsables están en paradero desconocido.

 

 

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Este jueves, la Fiscalía ecuatoriana anunció el allanamiento de las bodegas de la empresa en el cantón Durán, "frente a un presunto delito de evasión tributaria".

 

 

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En el allanamiento se determinó la existencia de documentación, entre el cual "consta el contrato de alquiler de las bodegas, firmado por un representante de OGC", explicó la Fiscalía.

 

El fiscal del Guayas, Paúl Ponce, afirmó "que en las intervenciones se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con la manera legal de traer los artículos a Ecuador".

 

Este viernes, la Fiscalía anunció que hoy se inicia una investigación paralela por el delito de estafa contra OGC. 

 

Fiscal del #Guayas, Paúl Ponce, dispone que denuncias por caso #OGC se direccionen a la Fiscalía Tercera de Patrimonio Ciudadano

— FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 11 de marzo de 2016

La investigación contra #OGC, por presunta estafa, es el segundo proceso que lleva @FiscaliaEcuador. El primero es por evasión tributaria

— FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 11 de marzo de 2016

 

Rumiñahui, una asociación de inmigrantes ecuatorianos en España estima que hay alrededor de 5.000 personas afectadas por el cierre.