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el Ministerio del Interior cifra en 104 el número de policías heridos. Foto: EFE
Una relatora de la organización pide acudir al diálogo para detener actos de violencia.
La relatora de la ONU para los derechos de los indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió que se investigue, de manera justa e imparcial, los actos de violencia en torno a las movilizaciones convocadas por organizaciones que defienden los intereses de los pueblos indígenas de Ecuador.
La experta en derechos humanos exhortó a todas las partes involucradas, incluido el gobierno, a que recuperen la calma y acudan al diálogo para poner alto a esta ola de violencia, que empezó hace dos semanas.
"Es fundamental que se lleve a cabo una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares", dijo Tauli-Corpuz.
También instó a que se sancione a los responsables y se otorguen reparaciones a las víctimas.
La relatora reclamó para aquellos que fueron detenidos, a pesar de estar manifestándose pacíficamente, que se respeten sus garantías judiciales y el debido proceso.
Las movilizaciones en cuestión empezaron el pasado día 10 y fueron convocadas por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que reúne a todas las nacionalidades y pueblos indígenas del país.
La Conaie y las autoridades coinciden en que un centenar de personas que participaron en manifestaciones permanecen detenidas. Por su parte, el Ministerio del Interior cifra en 104 el número de policías heridos.
La relatora señaló que es necesario crear un "espacio institucional de diálogo" en el que se analicen de forma constructiva las demandas que originaron la convocatoria del paro nacional, que precedió a las movilizaciones.
La Conaie ha señalado que el objetivo del paro era forzar a las autoridades a escuchar las demandas de las comunidades indígenas, entre las que está la educación intercultural bilingüe y el retiro de un proyecto de ley de tierras, que creen puede facilitar la expropiación de sus tierras.
Asimismo, está contra enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permitirían la reelección indefinida.
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