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El fiscal Galo Chiriboga indicó a través de Twitter que respetarán la decisión del gobierno panameño
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dijo que el futuro del exasambleísta Galo Lara es parte de una decisión soberana del gobierno de Panamá. A través de su cuenta de Twitter informó los pasos legales que se están siguiendo.
Según informó la Fiscalía de Panamá, en la audiencia prevista para mañana se legalizará la aprehensión y se dispondrá la detención del exlegislador.
Según informó Fiscalía de #Panamá, la audiencia prevista para mañana se legalizará la aprehensión y se dispondrá la detención de Galo Lara
— Galo Chiriboga (@Galo_Chiriboga) junio 10, 2014
Con ello, Lara quedaría a órdenes de la Cancillería de ese país. Ecuador ha cumplido con los requisitos establecidos por Panamá y, por tanto, está formalizado el pedido de extradición.
Dijo además: esperamos la decisión de las autoridades de Panamá y la respetaremos, será una decisión soberana. Podría darse la deportación de Lara en caso de demostrar su presencia ilegal en ese país o también se daría la alternativa de la extradición.
1/2 Con ello, Lara quedaría a órdenes de Cancillería de ese país. Ecuador ha cumplido con los requisitos
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2/2 establecidos por #Panamá y por tanto está formalizado el pedido de extradición
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Esperamos la decisión de las autoridades de #Panamá y la respetaremos. Será una decisión soberana
— Galo Chiriboga (@Galo_Chiriboga) junio 10, 2014
Mientras tanto, en la ciudad de Panamá, el exasambleísta está internado en el hospital Santo Tomás por problemas cardiacos, según informó desde el país centroamericano. Su abogado, José Nelson Brandao, manifestó que está en trámite una solicitud de refugio, además de que el retiro de su asilo político por parte del gobierno de Panamá aún no está en firme, pues se hizo un pedido de explicación que aún no ha tenido respuesta.
Aunque Lara insistió en que es un perseguido político, el fiscal Chiriboga rechazó esas declaraciones y recordó que el exasambleísta tiene una sentencia de 10 años de cárcel por complicidad en un triple crimen ocurrido en 2011, en Quinsaloma, provincia de Los Ríos.
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