El Municipio de Guayaquil busca unificar la seguridad privada en espacios públicos con 2 400 guardias de cuatro empresas

El Municipio de Guayaquil presentó un nuevo modelo de seguridad privada que busca unificar la vigilancia en parques, mercados, malecones, estaciones de la Metrovía y otras dependencias municipales.

La propuesta contempla la reducción de contratos fragmentados y la centralización del servicio en solo cuatro contratos que agruparán a aproximadamente 2 400 guardias privados. Sin embargo, esta iniciativa se da en medio de denuncias por retrasos en los pagos a los guardias actuales.

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Hasta ahora, cada dependencia municipal manejaba su propia seguridad con contratos de corta duración, lo que, según Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, resultaba poco eficiente. La nueva estrategia sectoriza la ciudad en cuatro zonas y prevé un aumento en la cantidad de guardias, con 120 adicionales. Además, se incorporarán ocho camionetas y doce motocicletas con agentes armados para reforzar el control en los espacios públicos.

Justamente ese es uno de los puntos polémicos de la iniciativa: la posibilidad de que los guardias privados patrullen -con armas- las calles de la ciudad.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios pueden contratar seguridad privada únicamente para la protección de bienes e instalaciones, sin especificar si estos agentes pueden realizar patrullajes en la vía pública. Pese a ello, el alcalde Aquiles Álvarez ha asegurado que no habría impedimentos para su implementación.

Actualmente, los procesos de contratación están publicados en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y se espera que sean adjudicados en la segunda quincena de mayo. No obstante, el Cabildo ha manifestado que el sistema de contratación pública ha generado demoras en otros procesos, lo que podría retrasar la ejecución del nuevo esquema de seguridad.

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Además de los guardias armados, las empresas contratistas deberán implementar sistemas de videovigilancia con nuevas cámaras inteligentes y el despliegue de 40 drones. El proyecto tiene un presupuesto referencial de USD 56 millones y un plazo de ejecución de 25 meses.

Pese a la magnitud de esta inversión, la propuesta ha generado críticas debido a la falta de pago a los guardias actuales. En el caso de la Metrovía, varios trabajadores han denunciado que no han recibido sus sueldos en cuatro meses.