Segura EP y el ECU 911 se confrontan por tiempos de respuesta de emergencias en Guayaquil

Segura EP, empresa municipal de Guayaquil, afirmó que desde que el ECU 911 retomó el control de emergencias en el Puerto Principal, cuestión que ocurrió tras un decreto presidencial de Daniel Noboa, ha existido mayor retraso para la coordinación de percances.

Aseguran que el tiempo de respuesta del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha pasado de cinco a 20 minutos, debido a fallas en el software y hardware del ECU 911 Samborondón.

Además, señalan que varias entidades del Estado como la Secretaría de Riesgos y la Policía Nacional no estaba enteradas de este cambio, lo cual ha provocado retrasos en la coordinación de situaciones emergentes.

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También aducen que el ECU 911 ha solicitado trasladar personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil a Samborondón, desconociendo que aquel cantón está fuera de su jurisdicción. Indican que, de hacerlo, podrían acarrear demandas laborales.

Segura EP también relató que la Fiscalía y Consejo de la Judicatura no han sido notificados por el ECU-911 del cambio que acarrea esta resolución con respecto al almacenamiento de los datos de llamadas y de videovigilancia, toda vez que el SIS ECU-911 Samborondón es quien ahora administra las emergencias en Guayaquil.

Después del boletín de Segura EP, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 respondió. Indicaron que cuentan con un modelo de gestión técnica que garantiza el 100 % de operatividad en la atención de emergencias para la ciudadanía a nivel nacional.

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Además, la entidad gubernamental indicó que tienen centros de datos con acceso restringido que protegen los datos personales de la ciudadanía, y equipos que garantizan el almacenamiento de videovigilancia de todas las cámaras desplegadas en el país.

Precisaron que disponen de un sistema ágil y transparente para la entrega de información a las entidades judiciales, manteniendo la cadena de custodia, con lo cual pueden entregar videos, audios y datos generados en el sistema a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura.