Hasta seis meses podría demorar el reemplazo de otra empresa de seguridad para el Malecón

"Imperdonable". Ese fue el calificativo que usó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para condenar el hecho violento, en el que se observa cómo dos guardias golpean a un comerciante en el piso, utilizando toletes. Las imágenes se viralizaron en la red social Twitter este sábado 8 de julio de 2023, aunque el acto ocurrió días atrás, el pasado 30 de junio.

El burgomaestre, además, dio otro anuncio: "Se termina contrato con empresa de seguridad de manera unilateral", afirmó. La decisión generó reacciones de respaldo.

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Pero vamos por partes, ¿cuál es la empresa a la que se le adjudicó el contrato? y ¿se puede finalizar su servicio realmente? Esto es lo que encontramos.

El 27 de diciembre de 2021, durante la administración socialcristiana de Cynthia Viteri, la Fundación Malecón 2000 publicó el proceso para la prestación de servicio de seguridad y vigilancia (sin armas) para los malecones Simón Bolívar, el Estero Salado y el parqueo de la Avenida Olmedo. En ese entonces, el gerente general de la Fundación Malecón 2000 era Vicente Almeyda Jalil.

Para la adquisición de este servicio el presupuesto referencial se estableció en 2 402 098, 08 dólares por un periodo de 24 meses.

De acuerdo al documento de contrato, el 19 de enero de 2022, la Comisión Técnica recomendó calificar la oferta propuesta por la empresa Máxima SecurityMax CIA. LTDA., constituida en el 2006, y domiciliada en Urdesa, en Guayaquil. Esta compañía actualmente pertenece a María Rosa Borja Farah, quien es la accionista mayoritaria, junto a Anette Catherine Harding Borja.

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Previamente los miembros de la Comisión habían rechazado las ofertas de otras 10 empresas de seguridad, "por no cumplir con la integridad y requisitos mínimos". La empresa ganadora del contrato obtuvo un puntaje de 99,8 sobre 100, frente a GPS Global Protection Security CIA. LTDA. que obtuvo 95,5.

El contrato finalmente fue adjudicado por un monto de 2 281 993, 18 dólares más IVA con un plazo de ejecución de 730 días, es decir, hasta enero de 2024. El pago, según el documento, se daría de forma mensual.

El servicio de vigilancia que la empresa debía otorgar era de forma continúa, las 24 horas al día, durante los siete días de la semana.

Entre las cláusulas de cumplimiento del contrato se especifica que la contratista, es decir, SecurityMax debía "impedir el ingreso de vendedores ambulantes y de personas que alteren el orden público". Aunque no detalla de qué forma podían impedir su ingreso.

La Fundación Malecón 2000 aseguró a Ecuavisa que ya se han dado conversaciones sobre el proceso de cancelación, "al momento nos encontramos haciendo las gestiones pertinentes para llevar acabo la decisión tomada por nuestro alcalde".

En un comunicado previo, la Fundación informó sobre la toma de algunas medidas con respecto a lo sucedido, entre ellas, multar a la empresa de seguridad. De hecho, en el contrato se expone que si la contratista incumplía con una serie de disposiciones en listadas podía ser multada. En este caso, una de ellas consta en el ítem 12 del documento en el que se señala una sanción por "comportamiento inapropiado, irrespetuosos o incompatible con su trabajo".

Sin embargo, la Fundación no quiso entrar en detalles sobre si la empresa deberá pagar una multa adicional al termino del contrato. "Apenas concluya el proceso realizaremos una nota de prensa entrando en detalles", informó personal de comunicación.

Desde entonces reina el secretismo entorno al tema, pues no han querido otorgar más información, pese a la insistencia de este medio.

El contrato expone cinco causales generales para culminar unilateralmente los servicios con la empresa de seguridad. Además, también toma en cuenta el artículo 94 de la Ley de Contratación Pública (detallado en la siguiente imagen).

Este medio consultó al abogado Marco Elizalde, quien revisó el contrato, si efectivamente Aquiles podía darlo de baja y el veredicto fue que sí. Él explica que en general los contratos solo concluyen si las partes así lo deciden, pero cuando se trata de una contratación con el Estado, en este caso, con el Municipio de Guayaquil, "lo puede terminar si existe un incumplimiento de la compañía".

El municipio tendrá que decidir hasta qué día trabajará le empresa de seguridad y hasta esa fecha deberá pagarle, menciona el abogado. Aunque la disposición del alcalde Aquiles parecía de aplicación inmediata, lo cierto es que los tiempos son más amplios, pues llamar a concurso para contratar otra empresa de seguridad para que provea los mismos servicios podría tomar de tres a seis meses, señala Elizalde.

Por otro lado, la empresa podría demandar al municipio si no está de acuerdo con la decisión.

Ecuavisa.com se comunicó con la empresa de seguridad en cuestión que, también ha tenido otros contratos con entidades públicas como el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, de Santa Elena, pues es proveedor habilitado del Estado desde 2010, pero hasta la publicación de este reportaje no obtuvo respuesta.