20 jun 2024 , 16:30

Descontento y debate: aumento diferenciado de pasajes en la Metrovía de Guayaquil

Implicaciones económicas y sociales del aumento de pasajes en la Metrovía de Guayaquil.

El alza del pasaje en la Metrovía de Guayaquil, junto con la implementación de un sistema de tarifa diferenciada, ha generado un amplio descontento y debate entre los ciudadanos de la ciudad.

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La decisión, aprobada por el Concejo Municipal de Guayaquil, establece que los usuarios que ganen menos de USD 650 mensuales seguirán pagando 30 centavos, mientras que aquellos con ingresos superiores deberán abonar 45 centavos, con el municipio asumiendo la diferencia de 15 centavos.

Este nuevo esquema ha suscitado críticas en cuanto a su transparencia, planificación y el impacto económico que tendrá en los usuarios.

Muchos ciudadanos expresan su preocupación y desacuerdo con la medida, cuestionando la equidad y la justificación detrás de este ajuste tarifario diferenciado.

En entrevistas realizadas por Televistazo a pasajeros de la Metrovía, se evidenció un claro descontento. Una usuaria manifestó que el aumento afectará a todos, independientemente de sus ingresos, ya que todos enfrentan gastos cotidianos que no discriminan según el salario mensual.

Descontento y debate: aumento diferenciado de pasajes en la Metrovía de Guayaquil

A pesar del rechazo generalizado, algunos ciudadanos están dispuestos a aceptar el aumento si este se acompaña de mejoras visibles en el servicio y en las condiciones de las unidades de transporte público. Sin embargo, el descontento persiste en gran parte de la comunidad.

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, integrado por más de 50 colectivos que defienden los derechos de los usuarios, también expresó su rechazo a la medida.

Su director, César Cárdenas, lamentó que no se haya consultado su opinión ni se haya promovido un debate público antes de la aprobación del aumento diferenciado.

Además, preocupa el impacto económico que este subsidio tendrá en las arcas municipales, ya que se estima que costará más de USD 15 millones.

Esta preocupación ha llevado al Observatorio Ciudadano a considerar acciones legales, como una acción de protección o de inconstitucionalidad, para impugnar la decisión del Concejo Municipal.

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