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15 años de promesas incumplidas con la construcción del Quinto Puente para Guayaquil
El Quinto Puente es un proyecto millonario que busca evitar que la carga pesada ingrese a Guayaquil y Durán, llegando más rápido a las terminales portuarias, pero lleva una década y media sin concretarse
15 años y tres gobiernos después, no hay un Quinto Puente en Guayaquil. El Viaducto Sur, que es uno de los proyectos viales más esperados, sigue sin concretarse.
Desde que el expresidente Rafael Correa promovió la idea en 2008, solo hubo intentos fallidos. Se ha podido avanzar únicamente con los estudios, pero no con su construcción.
La discordia entre el poder central y el seccional ha tenido mucho que ver con eso. Por ejemplo, los exalcaldes, Jaime Nebot y Cynthia Viteri, pidieron en su momento la competencia, pero no obtuvieron la aprobación de Correa o Lenín Moreno, los entonces presidentes.
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Por eso, ni en alianza con el gobierno nacional, ni por su cuenta, pudieron avanzar con la ejecución de la obra.
Recién el pasado 22 de noviembre, con Guillermo Lasso de salida, el cabildo consiguió el traspaso de la competencia del Viaducto Sur. Pero Daniel Noboa derogó el decreto ejecutivo al asumir el mando. Las razones, sean técnicas o financieras, no se especificaron.
El Quinto Puente es una obra millonaria. En el gobierno de Moreno se la calculó en USD 1 040 millones, pero en agosto de este año, se revisó y redujo el presupuesto a 650 millones.
Son cinco tramos de 42 kilómetros de extensión que incluyen carreteras para mejorar la conectividad vial de la provincia.
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Se busca evitar que un 92 % de la carga pesada pase por las calles de Durán y Guayaquil, como la Vía Perimetral; si no que llegue directamente a las terminales portuarias del sur, por la Vía Naranjal-Puerto Inca, con un nuevo punto sobre el Río Guayas.
Serían 40 kilómetros menos de viaje, un ahorro estimado de alrededor de USD 50 millones al año en transportación para el sector productivo y exportador.
La construcción del Viaducto, ya sea con una alianza pública - privada o una licitación internacional, demorará cinco años desde que las autoridades se decidan a costearlo.
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