17 sep 2015 , 03:59

Gobierno resalta beneficios de ley de incentivos; a empresarios les preocupa ley de herencias y plusvalía

   

El documento ya fue remitido a la Presidencia de la República y será tratado como urgente.

Por: Teresa Menéndez Torres

Ecuavisa.com

 

 

El proyecto de ley de incentivos a las alianzas público-privada está casi listo. Así lo anunció este 17 de septiembre de 2015, la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely. Para la funcionaria, con esta nueva norma se viabilizará la llegada de centenares de millones de dólares en el país de personas interesadas en invertir en el país.

 

El documento fue previamente revisado por los ministros del frente económico y de los sectores estratégicos, y ahora está en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y este jueves fue consensuado en una reunión de empresarios en Guayaquil. “La sociedad que forme parte de esta alianza público-privada no pagará Impuesto a la Renta por los 10 primeros años del proyecto, tampoco pagará aranceles ni ningún tipo de impuestos del comercio exterior. También se les compensará el IVA”, explicó la ministra Cely.

 

 

La funcionaria también habló de la creación de un comité consultivo que revisará los proyectos bajo esta modalidad.

 

De su lado, los empresarios consideran que el proyecto es perfectible, pues se preocupan por un tema en particular: seguridad jurídica. “Cuál es el mecanismo de solución de controversias, cuáles son los tribunales en los cuales se van a dirimir estos conflictos”, señaló Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

 

Para Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hay otro tema que preocupa más. “Se vuelve a hablar de las leyes de herencias y plusvalía, que vendrán en diciembre, que vendrán después; el simple anuncio del tema ya afecta el optimismo y el estado de ánimo de los ecuatorianos”.

 

Luego del informe jurídico, el proyecto será remitido al presidente de la República, Rafael Correa. Está previsto que el mandatario lo envíe a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para que su tratamiento se realice en un período de 30 días.

 

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