García: Conclusiones de la ONU no conducen a restituir ni devolver ningún bien a los hermanos Isaías

"En el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se hace ningún reparo respecto de la decisión de la AGD, del 8 de julio de 2008, que ordenó las incautaciones, sino una referencia al procedimiento posterior, el acceso a la justicia". Con esta frase el procurador general del Estado, Diego García, explicó la situación del Estado ecuatoriano frente al proceso de los hermanos William y Roberto Isaías, expropietarios de Filanbanco, sentenciados por la justicia ecuatoriana a ocho años de reclusión por el delito de peculado.

 

Durante una entrevista, este 21 de junio de 2016, en el programa Contacto Directo, el abogado del Estado ecuatoriano enfatizó que "las conclusiones del Comité no nos llevan a la restitución ni a la devolución de ningún bien, ni a dejar sin efecto las incautaciones. Tratar de encontrar eso en la decisión del comité es sacar de contexto lo que dice el comité en su dictamen".

 

¿Qué le corresponde entonces al Estado con base en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU?

Según el procurador, el Estado ecuatoriano tiene que poner a disposición de los hermanos Isaías las garantías judiciales y el acceso a estas vías ordinarias que hoy constan en el Código General de Procesos.

 

Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota

 

El canciller de Ecuador, Guillaume Long, informó el 13 de junio de 2016, que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó las alegaciones de los hermanos William y Roberto Isaías.

 

Días despúes, en su enlace ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que el dictamen del Comité le da la razón al Ecuador, pues "ratifica el peculado bancario" en el caso de los ex dueños del Filanbanco", y que "el Estado no les debe absolutamente nada” a los Isaías.

 

Los hermanos Isaías residen en Estados Unidos desde el 2000, por lo que Ecuador pidió su extradición. Filanbanco es uno de los 30 bancos que pasaron a manos del Estado entre 1998 y 1999, cuando se desató la peor crisis financiera de la historia ecuatoriana.