Violencia en Ecuador: ¿los menores de edad deberían ser juzgados como adultos?

Las bandas narcodelictivas han atacado al blanco más vulnerable de la sociedad: los jóvenes. Es así que cada vez es más recurrente escuchar que son autores de sicariatos o víctimas mortales de la disputa de territorio.

Sobre el tema en una entrevista con Televistazo el ministro del Interior, Juan Zapata, reveló que durante el estado de excepción 200 menores de edad fueron detenidos vinculados a grupos criminales. La mayoría son autores confesos de sicariatos y en algunos casos su edad oscila entre los 13 y 16 años.

De hecho, hace pocos días una película de terror se vivió en el hospital de Chone, cuando siete hombres altamente armados irrumpieron en las instalaciones para cumplir con un objetivo: asesinar a alias 'Cara Sucia', un sicario de 16 años temido en Manabí.

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Esta realidad ha levantado el debate de si deberían existir penas mayores para los adolescentes que cometan un delito, es decir, que sean juzgados como adultos. Y, esto es lo que explicaron expertos a Ecuavisa.com sobre la propuesta. Veamos.

La propuesta de endurecer las penas vino del ministro de Defensa, Luis Lara, el pasado 23 de noviembre, cuando compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.

Actualmente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en específico el artículo 305, establece que "los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales". Reformar ambos códigos fue parte de la propuesta.

Pero, ¿es un camino válido?

Para el asambleísta de Izquierda Democrática (ID) y presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, el incremento de las penas no es una solución, al menos no una que haya funcionado antes, pues dice que el propio Código Integral Penal (COIP), vigente desde 2014 ha sido reformado aproximadamente en 18 ocasiones, "todas la reformas han sido para incrementar las penas, sin embargo esos incrementos no han logrado disminuir la presencia de la delincuencia de manera masiva", argumenta.

En la misma línea, Pablo Coloma, abogado especializado en justicia juvenil de la Fundación Terre Des Hommes, opina que "cualquier propuesta tiene una falla inicial, pues desconoce todos los compromisos que a nivel internacional tiene Ecuador con respecto a niños y adolescentes", destaca.

Entre esos instrumentos, menciona a la Convención sobre los Derechos del Niño vigente desde 1989 y que fue ratificado por Ecuador un año después, lo que supone que "los Estados se han comprometido en establecer sistemas específicos para responder antes estas conductas que son sancionadas en la Ley penal".

Sin embargo, en el contexto actual de violencia, reconoce Narváez, es necesario poner el tema sobre la mesa y analizarlo. Un camino sería revisar qué pasa en otros países y cita el caso de Suiza, donde desde los siete años los menores de edad pueden ser juzgados, en España, a los 14.

De acuerdo a la norma actual los menores de 18 años no son imputables en el país, pero el asambleísta destaca que "sí entran a un proceso socio educativo, la pena es una quinta parte de la que tuviese un adulto".

A la fecha existen aproximadamente 390 menores de edad que están privados de su libertad sobre todo en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Pichincha, revela Narváez.

Actualmente la Comisión de Seguridad está incorporando el tema para ser debatido con expertos. "Nosotros podemos ajustar la edad penal, pero eso no va a disminuir el crimen tenemos que trabajar en la estructura social", reitera. Es decir, es necesario conocer las causas de por qué están cayendo en manos de bandas narcodelictivas y atacar el problema de raíz.

Coloma reafirma que el endurecimiento de penas no traerá resultados, ni un cambio profundo "el Estado le ha fallado a todos estos adolescentes y ante su desatención ¿la única respuesta que propone es castigarlos más? darles el servicio de la cárcel".

Si es que la propuesta se concretaría, Narváez remarca que el espacio de los jóvenes privados de libertad no pudiera ser compartido con los adultos, pues podría causar el efecto contrario, es decir, convertirse en víctimas de un contagio criminal.