Exdirector del Registro Civil, con glosa conjunta de Contraloría por USD 2,3 millones

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó que la compra de un sistema para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos por parte del Registro Civil (RC) ocasionó un perjuicio económico a Ecuador por 2,3 millones de dólares.

La entidad de control indagó desde 2020 un contrato celebrado entre el Registro Civil con el compromiso de consorcio EDOC, de México, por casi 27 millones de dólares.

A través de ese convenio, el Registro Civil, además de adquirir el sistema informático, compró computadoras, cámaras fotográficas digitales y escáneres biométricos.

Las autoridades del RC que ocuparon cargos entre 2019 y 2020, entre ellos el exdirector general de la institución, Vicente Taiano González, habrían argumentado que estos artefactos eran necesarios para implementar el software.

Sin embargo, la CGE halló anomalías tanto en la forma en que se realizó la contratación como en el monto desembolsado para adquirir el sistema informático.

Menciona, por ejemplo, que la contratación a través de la modalidad de licitación internacional "no se sustentó técnica ni legalmente" y señala que se pudo haber llevado a cabo mediante un Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE).

No obstante, según la CGE, la licitación internacional aplica solamente para la compra de bienes en el extranjero y el Registro Civil adquirió un servicio argumentando "la ausencia de proveedores nacionales" y "utilizando un certificado emitido por el Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública)".

Por otra parte, dice la Contraloría, el Registro Civil no estableció "la arquitectura tecnológica para la implementación del SEDIP (sistema para la emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos), no definió detalles para su instalación y configuración, ni las características de los equipos y software que conformarían la infraestructura de los centros de datos principal, secundario y de contingencia".

El órgano de control agrega que la comisión técnica del Registro Civil que fue designada para calificar a los oferentes "modificó sin sustento el objeto del contrato y las condiciones de evaluación de la experiencia".

Asimismo, la Contraloría indica que el proveedor mejor calificado para proporcionar este sistema era el compromiso de consorcio francés INCS-IDEMIA, por algo más de 24,6 millones de dólares, sin embargo las exautoridades del Registro Civil decidieron escoger al grupo mexicano.

Entre otros descubrimientos, la CGE también halló que durante la negociación para adquirir el sistema para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos, que se puso en marcha en 2021, hubo desembolsos injustificados de dinero para pasajes y viáticos para el director general (Taiano) y el excoordinador general de Asesoría Jurídica del Registro Civil, Jaime Albán. Por estos rubros se habrían desembolsado 13 372 dólares.

Por estas razones, la Contraloría determinó una responsabilidad civil por 2,3 millones de dólares para Vicente Taiano González y Jaime Albán.

El primero, en un mensaje de texto, señaló a Ecuavisa que: "El proceso aún continúa en curso. Presentamos un recurso extraordinario de revisión por cuánto no existe adjudicación irregular ni perjuicio para el Estado ya que la contratación está dada en el marco de la normativa legal vigente y por debajo del presupuesto referencial".

De su lado, Albán indicó a este medio que la Contraloría "no ha observado nada con respecto al presupuesto referencial que es de 33 millones de dólares".

Los exfuncionarios anunciaron que para desvancer la glosa acudirán incluso al Tribunal Contencioso Administrativo.