Venezolanos y colombianos entre quienes desalojan la parroquia Buenos Aires, en Imbabura

Durante el segundo día de desalojo en las minas de Buenos Aires, provincia de Imbabura, autoridades del Gobierno y jefes militares reconocieron que en los yacimientos existen personas armadas. 

 

“Hemos tenido en esta zona personas heridas por armas de fuego, entonces hay armas de fuego si hay personas heridas. Hay instalados sistemas de seguridad. Hay algunas personas armadas, pero no es una zona que está en guerra”, aseveró la ministra del Interior, María Paula Romo, desde Buenos Aires. 

 

 

A criterio de Fabián Fuel, director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, “son delincuentes armados. Nuestra misión es el control de esas armas, de esos explosivos si es que hubiese aquí en este sector”. 

 

Hasta el momento, más de 2.000 personas han desalojado la zona, tanto del sector urbano como del área logística y de la parte alta de las minas. De este número, más de la mitad son venezolanos y colombianos.

 

Cerca de las 22H30 del miércoles 3 de julio de 2019, el Ministerio del Interior informó que han salido de la parroquia 2.443 ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

Entre tanto, en los sitios estratégicos para el funcionamiento de las minas se observan cables cortados y poleas inservibles tras el segundo día de desalojo. A estos puntos llegaba todo el material se extraía de la parte alta de la montaña. 

 

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La ministra Romo explicó que las vías de acceso de la comida, del agua, están cortadas y en control de la Policía. “Esperamos que esto provoque una evacuación, que en los próximos días la gente siga saliendo”, agregó. 

 

Los uniformados todavía no ingresan a las minas, pero ya tomaron el control de Buenos Aires y los centros logísticos de la actividad minera. 

 

Uno de los siguientes paso es avanzar hasta las 7 minas abiertas en la parte alta. Mientras, se alistan los equipos de reacción de la Policía y de fuerzas especiales del Ejército. 

 

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El arribo de la ministra Romo se dio en la mañana del miércoles 3 de julio de 2019 con el fin de verificar las acciones que cumplen los uniformados ante la minería ilegal en la zona. 

 

Se trata de un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para recuperar el territorio tomado desde hace 2 años por la minería ilegal.