En la Universidad de Guayaquil, “se cobraban horas extras sin trabajar”

Lunes, 12 de noviembre de 2018, 10H00. La Universidad de Guayaquil luce en calma, tras superar una ola de pugnas y violencia por el rectorado, que derivó en su intervención. El 18 de noviembre próximo se cumple un mes de esta segunda intervención (la primera fue en 2013) en la universidad más grande del país. En 60 de los 90 días, que se prevé durará este proceso, se han detectado algunas irregularidades, aunque el diagnóstico final tomará más tiempo.

 

Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) y actual rector de la institución, reveló en una entrevista con Ecuavisa.com que el 95% del presupuesto de esta universidad se lo lleva recursos humanos. Sin precisar cantidades, señaló que no existe financiamiento para mantenimiento y hay un mínimo presupuesto para obra, que no se lo ha utilizado.

 

 

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"Estamos observando aquellos contratos que ya se están acabando, no se van a renovar los contratos por favor que lo entiendan bien todos (...) La universidad tiene su función de ser y no es de contratar por contratar, peor para efectuar nuevos contratos", enfatizó la autoridad interventora, quien agregó que hay muchos contratados ocasionales de más, sin “funciones específicas en la universidad”.

 

Otra revelación: la universidad le debe al menos $15 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Se ajustará a lo que sea necesario, necesitamos sacar los fondos del mismo presupuesto para pagar a los jubilados, para pagar al IESS, para acceder a la reclasificación y revalorización de los puestos, así como pagar los fondos de reserva. Tenemos que analizar las horas extras, es un despilfarro total de recursos. Aquí se cobraban horas extras sin trabajar”. De allí que rechazó la reducción de $145 millones en la asignación a universidades públicas, medida que afectaría con cerca de $15 millones a la Universidad Estatal.

 

 

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Esto se suma a las más de 200 observaciones hechas por la Contraloría General del Estado, que -según Passailaigue- no han sido cumplidas. “Había un informe que decía que había 1.300 personas contratadas para apoyar los procesos de política partidista interna, eso queremos erradicar”, dijo al referirse a la despolitización de la entidad educativa, que alberga a más de 70.000 estudiantes y en la que se efectuará otro examen especial.

 

Asimismo, analiza recomendar que se extienda la intervención para poner la casa en orden.

 

Vea a continuación la entrevista completa: