Un año sin cerrar la herida de la mayor masacre carcelaria de Ecuador

Los familiares de los más de 120 presos asesinados en la mayor masacre carcelaria de Ecuador aún no logran cerrar la herida al cumplirse el miércoles un año de esta tragedia ocurrida en la Penitenciaria del Litoral, la más grande del país, ubicada en Guayaquil.

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Paola Moreira no consigue olvidar la última llamada de auxilio que recibió de su hermano Bryan, quien estaba preso en la Penitenciaría del Litoral, y quien se comunicó con ella la tarde del 28 de septiembre de 2021 para pedirle que lo sacara.

Ese es el peso que le ha tocado cargar, dice, durante todo este año ante la masacre más numerosa de la crisis carcelaria de Ecuador, en la que más de 400 presos han sido asesinados desde 2020 en distintas reyertas entre bandas criminales rivales.

"Es algo que todavía recuerdo, como un trauma. Más que todo sus llamadas, cuando él pedía ayuda. Me movilicé, conseguí dinero porque pensé que era para cambiarlo de pabellón, pero luego me dijeron que no podían cambiarlo porque, quizás, era peor ya que ahí adentro era como el mismo infierno", cuenta Moreira entre lágrimas.

Moreira llegó la mañana de este miércoles junto a su familia para visitar la tumba de Bryan en el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de Guayaquil, la segunda ciudad más poblada de Ecuador, y para participar de una misa en conmemoración del primer año de aquella tragedia.

"Antes de que él muera, nosotros nos quedamos en la calle porque vendimos nuestra casita para poderlo sacar. Solo le faltaba un mes (para salir en libertad) y cuando me llamaba decía: 'Haz algo para sacarme de aquí que están matando', recuerda Moreira.

"Y eso a mí me ha pegado muy fuerte porque tengo impotencia de que uno había estado consiguiendo el dinero y no pudimos hacer nada", sostiene.

La ceremonia religiosa fue parte de una serie de homenajes que el comité de familias de las víctimas realizó entre este martes y miércoles, con el objetivo de pedir "justicia y reparación" al Gobierno, que, afirman, no ha cumplido con lo que les prometió.

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"Ha pasado ya un año de la peor masacre en la historia de las cárceles en Ecuador y una de las más graves en América Latina y, sin embargo, los gobiernos poco han hecho, especialmente el actual", afirma Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que apoya y acompaña a los parientes de las víctimas.

"La implementación de esos ofrecimientos sigue pendiente y en letra muerta", enfatiza.

Navarrete aseveró que "aún está pendiente ese baño de verdad, esa implementación de la justicia y la reparación, sobre todo la psicoemocional, que estas familias necesitan".

Jessica Peñafiel tampoco ha recibido ningún tipo de ayuda psicológica tras la muerte de su hijo Ítalo Pacheco, de 24 años. "Ha sido muy duro y difícil porque no hay ni un día en el que yo deje de pensar en mi hijo. A veces un día es peor que el otro", relata.

Cuenta que guardó por un par de días la esperanza de que su hijo apareciera con vida tras el anuncio de los enfrentamientos.

"Yo pensaba que estaba escondido y que me iba a llamar para decirme dónde estaba para ir a sacarlo". Sin embargo, Ítalo estaba en el pabellón 5, donde asesinaron a la mayor cantidad de internos.

No tuvo noticias de él hasta el 1 de octubre cuando, después de peregrinar por información por toda la ciudad, encontró su nombre en una de las listas de fallecidos.

"Siempre pensamos que los padres se van a ir primero y no los hijos. Nunca hablamos sobre qué le gustaría que le traiga a la tumba porque se supone que era yo la que me iba a ir antes", menciona mientras toca con la mano la lápida que cierra la tumba de Ítalo.

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Aunque las autoridades están deshacinando las cárceles con beneficios penitenciarios e indultos a condenados por delitos menores, e incrementando la seguridad tanto con más personal como con mayor tecnología, las reyertas y masacres en las cárceles de Ecuador han continuado durante este año.

Desde inicios de 2022, en las cárceles de Ecuador han fallecido 90 personas, según indicó en una entrevista a Efe el director del servicio nacional penitenciario (SNAI), Pablo Ramírez, lo que supone una reducción del -32 % sobre el mismo periodo de 2021.