Trabajadores de Refinería de Esmeraldas no conocen detalles de licitación

Este lunes 21 de septiembre de 2020 se publicaron las bases para la licitación de la Refinería de Esmeraldas cuya administración será asignada al sector privado.

 

 

Según el Gobierno, se necesita una inversión de al menos 2.400 millones de dólares para que la administración y operación de la refinería sea concesionada a una o varias empresas privadas durante 25 años.

 

Luis Calero, analista y experto petrolero, afirma que pese a ello, el Estado ecuatoriano tendrá que pagar una tarifa al inversionista que gane la licitación. 

 

A Calero le preocupa que si bien la inversión y manejo privados de la refinería podrían mejorar la calidad del combustible, no solucionaría el problema de la cantidad, pues actualmente esa planta, la más grande del país, refina unos 110 mil barriles diarios.

 

“Se trata de un proyecto limitado. El problema del país es que no produce lo suficiente y no produce en buena cantidad. Que incursionáramos en un proyecto más estructurado; insisto, las 3 refinerías”, opinó.

 

La incertidumbre sobre este proceso también la expresan los trabajadores de esta refinería. Jorge Cevallos es su representante: “No hemos tenido la oportunidad de un diálogo a fin de que quede claro cuál va a ser la participación de los trabajadores. No es de salir en un medio de comunicación y decir a los periodistas no se preocupen, sí va a haber estabilidad. Pero no sabemos las verdaderas condiciones en la que nos van a dejar expuestos a los trabajadores”.

 

Según el régimen del presidente Lenín Moreno, la Refinería de Esmeraldas necesita de recursos privados porque el Estado no cuenta con el dinero para mantener su operación y mejorarla.

 

En el gobierno anterior, la repotenciación de este complejo tuvo un presupuesto inicial de 754 millones de dólares, pero el Estado terminó pagando más de 2.300 millones.

 

Pese a ello, los daños en la unidad FCC, considerada el corazón de esta refinería, seguían. Por eso, durante la administración del entonces ministro de Energía, Carlos Pérez, con un mantenimiento programado, se tuvieron que desembolsar 18 millones de dólares más.