Superintendente de Comunicación desmiente a relatores internacionales

El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, rechaza este 8 de noviembre de 2016 el informe de la ONU y OEA sobre el estado de la libertad de opinión, expresión e información en Ecuador, emitido a inicios de noviembre de 2016.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH-OEA Edison Lanza, dijeron que les "resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la ley, carecen de contenido jurídico preciso y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas por su incumplimiento, inhiben gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".

Según los relatores, “es constante la aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base en figuras jurídicamente vagas y ambiguas por parte de la Superintendencia de Comunicaciones".

Ante esto, Ochoa cree que “existe una grave contradicción al advertir que en la Ley de Comunicación hay figuras ambiguas y que, por tanto, su aplicación debería obedecer a restricciones claras y precisas. Por parte de los relatores, no se presenta un solo argumento válido que fundamente esta errada apreciación”. 

“Resulta abesado, por decirlo menos, asegurar que la ley se aplica, por un lado de manera arbitraria y por otro que carecemos de la independencia necesaria para aplicarla, un criterio totalmente subjetivo de quienes ignoran que nuestra designación obedeció a un proceso público con posibilidades de impugnación”.

Para el funcionario, es “una falacia” aseverar que la Superintendencia de Información y Comunicación “ha sancionado de manera ilegal a determinados medios, cuando las restricciones a las que se hace referencia están claramente establecidas en cada uno de sus artículos y son de pleno conocimiento de los medios de comunicación; además, sus decisiones son susceptibles de apelación ante el Contencioso Administrativo”.

“Es claro que los relatores replican el discurso de algunos medios de comunicación que se presumen por encima de la ley y acogen criterios de agrupaciones como Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y la SIP, vinculadas económicamente a ellos, sino a la propia comisión interamericana de la que han recibido financiamiento”, agrega.

En un comunicado, enviado el 7 de noviembre de 2016, el Observatorio de Frecuencias de Ecuador informó que expondrá el próximo 2 de diciembre de 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus reclamos por "falta de información" sobre un concurso de adjudicación de 1.472 frecuencias de radio y televisión a escala nacional.