Reos fugados de la cárcel de Cotopaxi extorsionan a ciudadanos de zonas rurales

Habitantes de comunidades rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas denuncian que varios reos que fugaron de la cárcel Bellavista el pasado lunes, cuando ocurrió la masacre en la que fueron asesinados 44 presos, han ingresado a viviendas para exigir dinero y comida.

"Son antisociales que están armados. Han entrado a las comunidades y han llegado a los hogares", dijo este jueves Javier Aguavil, un representante de la comunidad tsáchila, a Zaracay TV.

Aquel día, al menos 220 presos fugaron, sin embargo la Policía Nacional ha informado sobre la recaptura de unos 200 reclusos.

Mientras se denuncian allanamientos a moradas, los familiares de los reos de la cárcel de Santo Domingo también protestan porque aseguran que sus allegados aún corren peligro en ese reclusorio.

Incluso indican que no han limpiado los pabellones después de la masacre.

"Recogieron solo los cadáveres, pero hay la putrefacción ahí adentro y a los reos los tienen ahí encerrados en los cuartos", dijo a Ecuavisa una mujer que tiene a un allegado recluido en esa penitenciaría.

Tras un nuevo operativo conjunto ejecutado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, este jueves se informó sobre el decomiso de armas cortopunzantes, armas de fuego, explosivos, electrodomésticos y hasta gallos de pelea que habían dentro de la cárcel de Santo Domingo.

Las autoridades detallaron que se descubrieron: cinco armas de fuego, un serrucho, 75 celulares, botellas de whiskey , 17 parlantes, dos refrigeradoras, cinco televisores, 18 gallos de pelea, tostadoras, ventiladores, sobres de droga, un serrucho, entre otros elementos.

Han pasado ya tres días, pero el capítulo de lo ocurrido en el centro de privación de libertad de Santo Domingo todavía está abierto y sin solución.

La del lunes es la más reciente de una serie de sanguinarios motines en las prisiones ecuatorianas que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, de ellos 63 solo en este 2022.

La crisis carcelaria que atraviesa Ecuador ha llevado a organismos como la ONU, a través de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación y pedir al Gobierno ecuatoriano medidas urgentes para reducir la población carcelaria y asumir el control de las cárceles.

Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, ha anunciado la concesión de 5.000 indultos y desarrollado la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.