Entre 2014 y 2019 se presentaron 7.700 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo.
El registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes entra en la recta final para su aprobación. El informe para segundo debate está casi listo, y hay consenso para que quienes hayan sido sentenciados por esos delitos, no puedan acercarse a menores de edad.
El pleno de la Asamblea Nacional conoció la iniciativa, en primer debate, en julio de 2019.
Según recoge la propuesta, las instituciones educativas, deportivas o de cualquier índole que trabajen con niños o adolescentes pedirán obligatoriamente a las personas que busquen un trabajo en ellas, un certificado que señale si el postulante fue o no condenado por un delito sexual contra menores de edad.
Lourdes Cuesta, asambleísta proponente de la norma, dice que el informe para segundo y definitivo debate está casi listo en la Comisión de Justicia.
Uno de los cambios sería en la institución que recoja y mantenga el listado permanente de quienes fueron sentenciados por violación, abuso o agresión sexual a niños, niñas y adolescentes.
Faltaría por definir si una persona que cometió esos delitos debe permanecer ahí de por vida o por un tiempo determinado.
Este tipo de registro ya existe en países como Brasil, Argentina, Perú, Uruaguay, Estados Unidos, Australia, entre otros. Al igual que Ecuador, Colombia está por aprobar esta propuesta en su parlamento.
Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en 2010, uno de cada cinco niños y niñas sufrió algún tipo de abuso; uno de cada diez de niños mayores de 15 años había sufrido abuso sexual en su infancia, mientras que entre 2014 y 2019 se presentaron 7.700 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo.
Pero, hay casos que no son visibles,pues solo el 15% presenta la denuncia. Otros, en cambio, no tienen sentencia; de las 7.700 denuncias en el sistema educativo, un poco más de 5.000 tienen condena.
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