El Registro Oficial señaló que no califica la constitucionalidad de las normas que le llegan

El Registro Oficial publicó, a pesar de los reclamos de asambleístas, la ley de lavado de activos enviada por el Ejecutivo. Desde el martes a las 12h00, esa ley se encuentra en el suplemento 700 que está digitalizado y a disposición del público.

Ese era el único camino que tenía la institución porque no tiene competencia para dirimir ni realizar controles de legalidad.

Antes de la publicación, el Registro Oficial, precisó en un comunicado que su tarea es solo observar que los documentos sean claros y legibles, que estén completos, que no existan sellos que dificulten la lectura y que contengan las firmas de las autoridades que los emiten, en este caso del Presidente de la República y del Secretario Jurídico.

El Registro Oficial se define como un periódico, un medio oficial de publicación de leyes, normas y otras disposiciones de Municipios, Ministerios, Presidencia y Asamblea Nacional.

Tiene 12 trabajadores, en Quito. En sus galpones están archivados documentos desde 1895, cuando Eloy Alfaro creó la institución y ordenó resguardarlos.

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La última crisis en el Registro Oficial se dio en 1997. No fue por la publicación de una ley. Más bien porque tres directores decían responder a Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón que se disputaban la presidencia.

Un año después, con la constitución de 1998, se cambió la ley para que ya no esté adscrita a la Presidencia, sino al Tribunal de Garantías Constitucionales, que luego pasó a ser la Corte Constitucional. Así se quería evitar, sin éxito en el último caso, que peleas políticas interfieran con el trabajo técnico de las publicaciones legales.