El pueblo afroecuatoriano enfrenta al INEC en los juzgados por los resultados del censo de 2022
Las organizaciones sociales buscan que no se tomen en cuenta los resultados del censo, al considerar que la comunidad afroecuatoriana ha sido subrepresentada con cerca de 814 000 personas.
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Diferentes organizaciones en defensa del pueblo afroecuatoriano enfrentaron este viernes al Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC) en la audiencia por la acción de protección que los colectivos presentaron el pasado mes de diciembre. La acción responde a los resultados "discriminatorios" del censo de 2022, a los que calificaron como un "etnocidio estadístico".
De acuerdo con el INEC, y con base en una pregunta de autoidentificación étnica, la población afroecuatoriana descendió en 227 091 personas de 2010 a 2022, pasando de un 7,2 % a un 4,8 % del total de la población, por debajo de los mestizos (77,5 %), indígenas (7,7 %) y montubios (7,7 %).
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Los promotores de la demanda argumentan que el porcentaje de la población afrodescendiente dentro de la sociedad ecuatoriana es mucho mayor al indicado en las cifras del censo oficial.
Las organizaciones civiles participantes en esta acción son la Unión del Pueblo Afroecuatoriano (UPA), la Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Fundación Azúcar, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Las dos posturas
Durante la audiencia, la abogada Diana León consideró que "el INEC ha corroído los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano" porque "un censo no puede tener prácticas discriminatorias y racistas".
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En respuesta, los representantes del INEC argumentaron que el instituto sigue la ley de censo de 1976, que continúa vigente, por lo que aseguraron no haber violado ningún derecho constitucional.

"Las cifras del INEC sirven para asignar presupuestos públicos. Me redujeron el presupuesto a un proyecto poniendo de excusa que ahora nuestro pueblo es menor. Nuestro derecho a ser censado fue vulnerado", explicó ante el tribunal la presidenta de Conamune, Inma Bautista.
En la misma línea, Sonia Viveros, directora de Fundación Azúcar, reivindicó que el INEC no llegó a censar determinados barrios sin acceso a la luz o internet, y criticó que cuando se trata de realizar este tipo de encuestas las instituciones no les tienen en cuenta.
"¿Dónde estuvo la participación activa del pueblo afroecuatoriano en las charlas técnicas del INEC?", se preguntó Viveros en referencia a la falta de participación del pueblo afrodescendiente.
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Con este recurso legal, las organizaciones buscan que no se tomen en cuenta los resultados del censo elaborado por INEC, al considerar que la comunidad afroecuatoriana ha sido subrepresentada con un estimado de 814 000 personas, de un total de más de 17 millones de habitantes a nivel nacional.
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